Por atentado guerrillero en centro comercial de Medellín condenan a la Nación

En la mañana del 16 de enero de 2003, un vehículo marca Renault 9 cargado con 100 kilos de explosivos ingresó al segundo piso del parqueadero del Centro Comercial El Cid, que estaba ubicado en la calle 54 No. 49-120 en la ciudad de Medellín.

A pocos metros se encontraba el Edificio Veracruz, donde estaba la sede de la Fiscalía Seccional de la capital de Antioquia. Pocos minutos después el vehículo estalló y le causó la muerte inmediata a cinco personas, entre ellas un menor de edad que acompañaba a su madre en las labores de aseo del centro comercial.

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Igualmente, se registraron centenares de heridos y la destrucción parcial del centro comercial y la sede de la Fiscalía Seccional. El hecho fue atribuido a la compañía Mártires del Cairo de las Farc y el móvil fue un atentado directo a las instalaciones del ente investigador.

Los familiares de las víctimas y representantes del centro comercial presentaron una demanda de reparación al considerar que la ubicación de la sede de la Fiscalía había puesto en riesgo a los trabajadores y visitantes del centro comercial, indicando que existía una “previsibilidad” de un ataque.

Debido a esto exigieron el pago de una reparación económica por los daños morales y materiales ocasionados, así como los perjuicios económicos. En la acción judicial se manifestó que fueron puestos en una situación de riesgo teniendo en cuenta la situación de orden público y los constantes atentados que se estaban presentando en la capital de Medellín.

El caso llegó al Consejo de Estado, que avaló los argumentos de la demanda al considerar que un ataque con explosivos a las instalaciones de la Fiscalía General era previsible. “Era de tal obviedad, que la propia entidad, cuando realizó el estudio de seguridad al centro Comercial El Cid, expuso como uno de sus mayores temores y preocupaciones que se pudiera realizar un ataque con explosivos contra las instalaciones”.

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En este punto se determinó que se presentó un “riesgo anormal y excepcional” para los visitantes y trabajadores de la zona. “La Fiscalía, a escasos días de suceder el acto terrorista, había advertido a los encargados del Centro Comercial El Cid sobre los peligros que representaba la destinación mixta de la locación colindante, frente a la posibilidad que las organizaciones hostiles utilizaron un vehículo para introducir, ocultar y activar un artefacto explosivo”.

Precisa la decisión que la misma Fiscalía hizo recomendaciones precisas en materia de seguridad que no fueron tenidas en cuenta por el centro comercial. Para el Consejo de Estado existió un daño emergente por parte de la Fiscalía General, situación por la cual le ordenó el pago por los daños morales y materiales.

El alto tribunal envió este expediente al Centro de Memoria Histórica “para que los hechos aquí referidos hagan parte del aforo documental e histórico que allí se lleva; así como también, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para lo de su competencia”.