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El debate sobre el fracking en el Consejo de Estado no ha terminado. El Alto Tribunal recientemente recibió nuevas peticiones para suspender provisionalmente el decreto 328 de 2020 que fijó las reglas de juego para adelantar proyectos piloto de fracking.
Ese decreto dio vía libre a la firma del primer contrato de pilotos entre Ecopetrol y el Gobierno a finales del 2020, cuyas actividades se llevarían a cabo en Puerto Wilches (Santander).
La petición al Consejo de Estado se basa en que, supuestamente, se desconoció la consulta previa con la “comunidad embera pachi drua y las comunidades afrodescendientes, reconocidas en la zona de influencia” de ese primer piloto de fracking.
Para Juan Pablo Sarmiento, quien hizo la petición de suspensión del decreto, es claro que el proyecto piloto pone en riesgo las comunidades indígenas que viven en la zona de influencia.
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“Se entiende que es violatoria de los derechos de las comunidades indígenas que se encuentran dentro de la zona de influencia del Valle Medio del Magdalena (…) la actividad a desplegar la exploración de proyectos de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal, FH-PH tan riesgosa y con influencia no solo en la zona de exploración del CEPI, sino también en toda la zona del Valle Medio del Magdalena", se lee en su petición.
Por otro lado, un concepto enviado por el procurador Luis Ramiro Escandón, delegado para la Conciliación Administrativa, dice que no se cumplen los presupuestos para suspender el decreto.
“No se trata entonces, de una norma que tenga por objeto evitar o minimizar los daños ambientales, sino que pretende esclarecer un tema sobre el cual existe incertidumbre científica como se evidencia a partir de los informes técnicos”, se lee en el concepto.
Contrario a lo que dicen organizaciones ambientales, para la Procuraduría el decreto “refleja la aplicación del principio de precaución, son los PPII (Proyectos Piloto) los que permiten alcanzar cierto grado de certeza científica sobre los eventuales efectos que puede tener en el medio ambiente el uso de la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal”.
Esa petición que estudia el despacho del magistrado Nicolás Yepes, se presentó en el marco de la demanda contra el decreto.
Ese recurso se interpuso por un grupo de congresistas y miembros de organizaciones ambientales, quienes dicen que el Gobierno no está cumpliendo con las condiciones dadas por el Consejo de Estado para el desarrollo de los pilotos de fracking.
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Uno de esos requisitos fue precisamente la consulta previa con las comunidades indígenas de las zonas de influencia.
Sin embargo, la demanda va más allá y señala que el decreto estaría violando los principios de precaución frente a la prevención de daños ambientales y el derecho de las personas a gozar de un medio ambiente sano.
