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La magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), destacó a las decisiones de la Corte Constitucional sobre la facultad de ese organismo para practicar pruebas en casos de extradición e investigar y juzgar a los militares.
La magistrada manifestó que la decisión de la Corte “da tranquilidad a los comparecientes, a las víctimas, a la sociedad y a los jueces”.
Linares precisó, además, que este fue un debate intenso y que demuestra que “se están dando garantías plenas al debido proceso y seguridad jurídica”.
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Con respecto a la facultad que tiene la JEP para practicar pruebas en casos de solicitudes de extradición, la magistrada explicó que se podrá hacer uso de esta facultad para determinar la fecha de ocurrencia de los hechos, pero no para calificar las actuaciones del compareciente.
Cuando los hechos se cometan antes de la firma del acuerdo de paz, la JEP mantendrá sus competencias y la persona no podrá ser extraditada.
Pero si los hechos se cometieron después de la firma del acuerdo, la Fiscalía General será la que asuma el caso y la JEPle quitará al compareciente el beneficio de la no extradición.
Linares celebró que la Corte mantuviera esta determinación y señaló que, en su condición de jueces, a los magistrados de la JEP los ampara la propia Constitución, como lo hace con los magistrados de las altas cortes.
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“Los jueces y, concretamente los magistrados, se atienen al mandato constitucional y legal, es un principio universal que no puede ser distinto. Y es que los jueces para tomar sus decisiones se sustentan en pruebas”, recalcó la funcionaria de la JEP.
Con respecto a la negativa de la Corte Constitucional frente a la creación de una sala especial para militares, la presidenta de la JEP explicó que la sala de Definición de Situaciones Jurídicas “que ha viendo cumpliendo a cabalidad con sus funciones desde el 15 de enero del año pasado”, seguirá siendo la que reciba los casos de los uniformados.
