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Según el alto tribunal, el militar, a la hora del ataque no tenía la preparación propia de un combatiente para resistir el ataque guerrillero. Dentro de la investigación se detectó que el soldado no tuvo la suficiente instrucción militar, no contaba con la totalidad de horas de polígono que se requieren para combatir, no conocía de estrategias militares para sobrevivir en zona boscosa y de montaña y carecía del conocimiento de armas que se utilizan en el área de enfrentamiento.
El fallo de la sentencia argumenta que en este caso, el Ejército no dio cumplimiento al plan de seguridad de sus hombres, ni al entrenamiento militar que constitucionalmente tiene que ofrecer la institución a todos sus hombres y mujeres.
“El alto tribunal administrativo encontró plenamente probada la responsabilidad extracontractual del Estado, a título de falla en el servicio, ya que no respondió a los deberes normativos de protección, promoción y procura de los derechos de los administrados, y de precaución y prevención de las acciones de aquellos que, encontrándose al margen de la ley, buscan desestabilizar el orden democrático”, concluyó la Sección Tercera del Consejo de Estado.
