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El Consejo de Estado ordenó la práctica de pruebas en el marco del estudio de la demanda de pérdida de investidura presentada contra el exrepresentante a la Cámara, Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido con el alias de ‘Jesús Santrich’.
Tras juntas las tres demandas presentadas por la Procuraduría, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes y una ciudadana contra ‘Santrich’, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo fijó los elementos materiales documentales y testimoniales que tendrá en cuenta para tomar una decisión de fondo.
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Las tres acciones judiciales coinciden en señalar que Hernández Solarte faltó al acto de posesión y a más de seis sesiones en la Cámara de Representantes, hecho por el cual se debe declarar su “muerte política”.
Entre las pruebas solicitadas se encuentran las sesiones del 23, 30, 31 de julio de 2019, así como as del 5, 6, 13, 14, 20 y 21 de agosto de ese mismo año a las que habría faltado Hernández Solarte como representante por el departamento del Atlántico por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).
Así como una certificación en la que conste “a qué otras sesiones plenarias en las que se hayan votado proyecto de acto legislativo, ley o moción de censura, realizadas desde el 21 de agosto de 2019 hasta la fecha de presentación de esta solicitud, no ha asistido el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte. Se deberán allegar las gacetas en las que se hayan publicado las actas de las sesiones plenarias que se certifiquen”.
Así como las copias de las órdenes del día de las sesiones llevadas a cabo entre los días 23, 30 y 31 de julio de 209 y los días 6, 6, 13, 14, 20, 21 de agosto de ese mismo año. Copia de los registros de asistencia de las sesiones plenarias de los días 6, 13, 21 de agosto de 2019.
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“Copia de la Resolución 2651 de 5 de noviembre de 2019 y de la Resolución MD No. 2942 de 3 de diciembre de 2019, anexando copia de la totalidad de los antecedentes administrativos de dichos actos y certificación en la que constesien las fechas objeto de análisis de inasistencia en el presente caso, se votaron o no proyectos de actos legislativos, de ley o mociones de censura. Se deberá indicar con precisión cada uno de los proyectos y/o mociones de censura que fueron votados”, precisa el documento de ocho páginas conocido por LA FM.
Finalmente, se pide un documento en el que se certifique si en efecto la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes ha adelantado el procedimiento para la declaración de inasistencia contra el Representante a la Cámara “de acuerdo con los dictámenes de la Comisión de Acreditación documental en los que se relacionan las fechas de inasistencia a las sesiones ordinarias de plenaria y que obran a los folios 18 y siguientes del cuaderno No. 1 del expediente. Deberán allegarse, dentro del mismo término, todos los documentos que acrediten lo que se certifica”.
La defensa de ‘Santrich’ en este caso ha señalado que no pudo asistir al acto de posesión ni a las sesiones mencionadas puesto que se encontraba privado de su libertad mientras se resolvía una petición de extradición presentada por una Corte de los Estados Unidos por hechos relacionados con el tráfico de droga.
Sin embargo, los demandantes coinciden en señalar que las inasistencias nunca fueron justificadas, ni se entregaron a tiempo los respectivos certificados que señalaran su no presencia en las sesiones en las que se discutieron actos legislativos, proyectos de ley y mociones de censura.
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‘Santrich’ apareció el pasado mes de agosto en un video junto a los excomandantes de las Farc, Luciano Marín, ‘Iván Márquez’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’ anunciando su regreso a las armas. Debido a esto fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se reactivaron las ordenes de captura en su contra.
El pasado 3 de febrero, la Corte Suprema de Justicia le envió el proceso de ‘Santrich’ a la Fiscalía General para que se adelante la respectiva investigación por narcotráfico.
El envío del expediente se realizó luego de constatar oficialmente que Seuxis Paucias Solarte ya no es congresista, por lo cual la competencia para adelantar investigaciones penales ya no está en manos del alto tribunal.
