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La Contraloría General de la República ordenó el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal, por el presunto daño al patrimonio que se habría presentado el algunos contratos para el uso de brazaletes electrónicos, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
Según el organismo de control, dicho daño patrimonial ascendería a los $246 millones, fruto de una auditoría a este tipo de procesos contractuales.
"En la providencia señalada, la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad concluyó la Indagación Preliminar ordenada como respuesta a denuncias ciudadanas, y a las observaciones presentadas por el Director General del INPEC al entonces Ministro de Justicia y del Derecho, sobre las deficiencias en la ejecución del contrato 0321 de 2014, para la prestación del servicio de vigilancia electrónica para reclusos en prisión domiciliara", explicó la Contraloría.
Según el órgano de Control, "parte del daño patrimonial se fundamentó en la suma de periodos pagados a beneficiarios que en las mismas bases de datos se reportaban como apagados o revisión técnica de periodos anteriores, sin que existiera evidencia de la superación de su estado fuera de servicio".
Así mismo, la auditoría reveló deficiencias en los mecanismos de control de las entidades contratante y beneficiaria, que llevaron a que por la forma en que se facturaban los servicios prestados, se pagaran en días no prestados, reconociendo y descontando periodos completos en una misma factura a iguales beneficiarios.
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