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Las amenazas de muerte contra los coordinadores de la campaña política de Gustavo Petro en municipios como Tarazá y Cáceres, sumadas a los homicidios registrados en otras zonas como Ituango, encendieron las alertas entre los defensores de derechos humanos, quienes al igual que en otras zonas del país, denunciaron que las intimidaciones se convirtieron en hechos contundentes, materializados en un aumento de los homicidios que supera el 50 por ciento.
Según la ONG Nodo Antioquia, son al menos 64 líderes sociales los que han recibido amenazas de muerte, siendo esta cifra un subregistro, pues muchos de los casos no son denunciados por el temor infundido.
El coronel Carlos Julio Cabrera, subcomandante de la Policía Antioquia, aseguró que estas personas recibirán todo el apoyo de la Fuerza Pública y que hay una interlocución permanente con las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
"Nosotros como Policía Nacional estamos con todas las especialidades enfocados en estos municipios para que los defensores puedan ejercer sus actividades sin inconvenientes. Tenemos un contacto permanente con nuestra oficina de derechos humanos, hay una interlocución para darle confianza a esta personas", señaló Cabrera.
La ONG Nodo Antioquia también alertó que los grupos armados han realizado 12 amenazas colectivas contra las organizaciones sociales. Las regiones más complejas son el Bajo Cauca, el Norte y el Urabá, donde hay una fuerte presencia de bandas como Los Caparrapos y el Clan del Golfo.
Una de las situaciones más complejas está en Cáceres, donde fue asesinada la líder Ana María Cortés. En esta localidad han ocurrido 33 homicidios este año, un aumento del 175 por ciento de las muertas violentas.
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