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Un grupo de funcionarios de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría acompañó a la Corte Suprema de Justicia en el allanamiento que se realizó el pasado 18 de diciembre al Batallón de Ciberinteligencia del Ejército, ubicado en el municipio de Facatativá (Cundinamarca).
Como informó la revista Semana, esa diligencia fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana en medio de otra investigación y, al parecer, quedó al descubierto que los uniformados se enteraron días antes del operativo y borraron información sobre la supuestas 'chuzadas' o interceptaciones ilegales a correos y teléfonos de magistrados, políticos y periodistas.
Ese caso está en manos de la Procuraduría, que ya inicio investigaciones disciplinarias contra funcionarios del Ejercito por establecer.
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En la diligencia de allanamiento se recopiló una veintena de evidencia, entre memorias USB, teléfonos celulares, computadores, documentos, entre otros, que serán analizados en el laboratorio de informática forense de la Procuraduría.
Sobre las revelaciones de Noticias Uno de un micrófono en el despacho del magistrado Cesar Reyes, quien adelanta la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, se conoció que su despacho ya está indagando desde cuándo se había instalado el aparato y a quién le interesaría las comunicaciones.
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La preocupación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia va mas allá, razón por la cual los magistrados pidieron intervenciones judiciales al edificio de la calle 72 donde laboran permanentemente.
Dichas inspecciones iniciarían al término de la vacancia judicial. Los magistrados también se reunirán para determinar fechas de la próxima sala en la cual tomarán decisiones de fondo sobre el tema.
