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La Corte Suprema de Justicia calificó como una “amenaza contra el Estado de derecho” el nuevo escándalo de chuzadas que reveló la revista Semana, contra periodistas, políticos y magistrados del Alto Tribunal.
En el comunicado, firmado por el presidente de la Corte, Álvaro Fernando García, se pide a las autoridades judiciales acelerar las investigaciones para dar, en el menor tiempo posible, con los responsables de los hechos.
“Las autoridades competentes deben colaborar y sumar voluntades para adelantar una investigación especial, integral y oportuna, que llegue a la verdad sobre el delicado episodio”, señala el texto.
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Además, advierte que no se frenarán investigaciones que adelantan los despachos de Sala de Instrucción de primera instancia, de la que dos de sus magistrados fueron nombrados como las víctimas de las interceptaciones ilegales.
“Ningún acto de seguimiento o intimidación contra alguno de sus magistradas o magistrados detendrá los expedientes judiciales a su cargo”, indica uno de los apartes del comunicado.
También aclara que la Fiscalía adelanta investigaciones por el micrófono que se halló en el despacho del magistrado Cesar Reyes el pasado 19 de diciembre.
Sobre ese punto, el fiscal (e) Fabio Espitia señaló en rueda de prensa que sus investigadores trabajan en un informe que solicitó la Corte, en el que pide aclarar desde cuándo se encontraba el aparato camuflado en el techo de la oficina del magistrado.
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Este es el comunicado completo:
Bogotá, D.C., lunes 13 de enero 2020. Ante la indiscutible gravedad de las denuncias sobre seguimientos e interceptaciones ilegales contra periodistas, dirigentes políticos, altos oficiales y magistrados registradas por la revista Semana, la Corte Suprema de Justicia convoca al uso del máximo esfuerzo institucional para responder de manera urgente, contundente y definitiva a esta amenaza contra el Estado de derecho del país.
Las autoridades competentes deben colaborar y sumar voluntades para adelantar una investigación especial, integral y oportuna, que llegue a la verdad sobre el delicado episodio, frenar los efectos de las acciones criminales denunciadas e imponer todo el peso de la ley a los responsables de este ataque contra la democracia colombiana.
La Corte rechaza categóricamente estos hechos que, de comprobarse, constituyen un nuevo atentado contra la independencia judicial, se solidariza con los periodistas, oficiales y funcionarios objeto de la vulneración de sus derechos fundamentales, pide protección para ellos y ratifica que ningún acto de seguimiento o intimidación contra alguno de sus magistradas o magistrados detendrá los expedientes judiciales a su cargo.
De otro lado, la aclaración sobre el alcance del hallazgo del artefacto en el despacho de uno de los magistrados de la Sala Especial de Instrucción fue dejada en manos de la Fiscalía General de la Nación, organismo competente para investigar el caso.
Álvaro Fernando García Restrepo
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
