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El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el escándalo del 'cartel de la toga'.
La Sala de Primera Instancia lo encontró responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión. En el fallo se indica que el entonces magistrado de la Sala Penal tuvo una participación activa en esta estructura criminal.
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"Siendo magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se unió a un grupo delincuencial con vocación de permanencia para ejecutar diversas conductas delictivas que derivaron en la lesión a la expectativa legítima que ampara a todos los asociados frente a las decisiones de las autoridades, especialmente aquellas que provienen del órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria", precisa la decisión.
En el fallo se le impuso una multa de 94.48 salarios mínimos mensuales legales vigentes y quedó inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 127 meses y 17 días. Igualmente se le negó la suspensión condicional la prisión domiciliaria.
Para la Corte Suprema es claro que el entonces magistrado negoció la función jurisdiccional a él deferida por la Constitución y la ley, recibiendo la contraprestación ilegal derivada del acto de corrupción.
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"Colombia como sociedad ha de abandonar la cultura de los atajos para alcanzar cada propósito. Desde la base de la sociedad hasta la cúspide de las altas esferas estatales se debe dar punto final a cualquier manifestación de corrupción, evitando a ultranza ejercer mecanismos ajenos a los legalmente establecidos (…) La justicia es más que el cumplimiento de una función constitucional, pues entraña un proyecto de vida forjado desde las aulas de las facultades de Derecho, donde se provee por la formación de verdaderos juristas, quienes, al ser dotados del poder jurisdiccional, asumen un poder reglado que les permite incidir en los derechos de sus congéneres”, señala el fallo.
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En el fallo se le impuso una multa de 94.48 salarios mínimos mensuales legales vigentes y quedó inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 127 meses y 17 días. Igualmente se le negó la suspensión condicional la prisión domiciliaria.
"Colombia como sociedad ha de abandonar la cultura de los atajos para alcanzar cada propósito. Desde la base de la sociedad hasta la cúspide de las altas esferas estatales se debe dar punto final a cualquier manifestación de corrupción, evitando a ultranza ejercer mecanismos ajenos a los legalmente establecidos (…) La justicia es más que el cumplimiento de una función constitucional, pues entraña un proyecto de vida forjado desde las aulas de las facultades de Derecho, donde se provee por la formación de verdaderos juristas, quienes, al ser dotados del poder jurisdiccional, asumen un poder reglado que les permite incidir en los derechos de sus congéneres”, señala el fallo.
