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Por improcedente, el Consejo de Estado negó el recurso de 'hábeas corpus' con el cual Armando Gómez España buscaba que le otorgaran la libertad.
El ciudadano es requerido en extradición por una Corte de los Estados Unidos por planear el envío de 10 toneladas de cocaína junto al excomandante guerrillero, Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias 'Jesús Santrich'.
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En el debate jurídico se consideró que se presentó una mala utilización del recurso jurídico, puesto que el 'hábeas corpus' no está previsto para analizar las situaciones relacionadas con la procedencia de los mecanismos de cooperación internacional, entre los cuales se encuentran los tratados de extradición.
La defensa de Gómez España había pedido su libertad argumentando que existían irregularidades en el indictment (escrito de acusación) emitido por las autoridades de los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
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Con ponencia del magistrado William Hernández Gómez, la Sala consideró que dichas incoformidades deben ser presentadas ante la autoridad judicial que en la actualidad estudia la procedencia de la solicitud de extradición, es decir, la Corte Suprema de Justicia.
En este sentido señaló que tras analizar los argumentos no se encontraron circunstancias excepciones para iniciar su estudio, concluyendo que la captura recayó sobre la misma persona requerida en la circular roja emitida por la Interpol.
La Sección Segunda del alto tribunal ratificó así la decisión que tomó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pasado 18 de mayo.
Gómez España fue señalado de haber sido el encargado de entregar cinco kilos de cocaína en un hotel con el fin de concretar el negocio para la compra de la droga con unos supuestos emisarios del Cartel de Sinaloa.
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El pasado 16 de abril, la Corte Suprema de Justicia negó la pretensión de 'El Doctor' -como también es conocido- para que su caso pasara a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En su petición argumentaba que había hecho parte de la guerrilla de las Farc. Sin embargo, el alto tribunal manifestó que su nombre no aparecía en las listas enviadas por el grupo subvesivo a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
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