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La Procuraduría General de la Nación iniciará una nueva línea de investigación por la muerte del estudiante de derecho, Javier Ordoñez, que se registró durante la madrugada de 9 de septiembre de 2020 en el occidente de Bogotá y que desató varias manifestaciones en rechazo al abuso policial.
Esa entidad confirmó que serán investigados los superiores de la Policía Nacional, quienes tenían responsabilidad sobre los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harby Damian Rodríguez adscritos al CAI de Villa Luz, procesados por la muerte del hombre de 45 años de edad.
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“Desglosar copias para que se investiguen a los funcionarios que tenían responsabilidad en ejercer la supervisión y control, en razón al direccionamiento del mando y ejercicio a la disciplina, frente a los señores Juan Camilo Lloreda y Harby Damian Rodríguez”, destaca uno de los apartes del documento de la Procuraduría.
Cabe mencionar que inicialmente dicha compulsa de copias se realiza a la Inspección Delegada Especial de la Policía Metropolitana de Bogotá, mientras fuentes de la Procuraduría explicaron que una vez se inicie el caso pedirían el poder preferente para quedarse con la investigación.
Entre tanto, los patrulleros quienes actualmente se encuentran recluidos en una cárcel del municipio de Facatativá, deberán responder por los cargos de homicidio y abuso de autoridad.
En medio de esa investigación, la Procuraduría tendrá como prueba los resultados de la necropsia e inspección al cadáver de la víctima, que fueron adelantados por el Instituto Colombiano de Medicina Legal.
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“Incurriendo en extralimitación de sus funciones, porque según el concepto de este despacho no existía una estricta necesidad para su actuar (…) debió fomentar el respeto por los derechos humanos y la protección de las personas”, señaló la procuradira delegada del caso, durante la audiencia de imputación de cargos a los uniformados.
El documento también señala que los patrulleros habrían abusado de su autoridad “injustificadamente sobre el señor Javier Ordoñez (QEPD), situación que no cuenta con la estricta necesidad, proporcionalidad, y razonabilidad que legitiman el uso de la fuerza”.
Finalmente, la Procuraduría dijo que en el video divulgado a través de las redes sociales con el que se conoció la agresión, “se evidencian más de seis choques generados”, con la pistola taser que usaron los uniformados en el cuerpo de la víctima.
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