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Las denuncias tienen origen en las versiones entregadas por un contratista, quien aseguró a la Fiscalía que "Maria Cristina Palau le pidió una comisión en dinero a cambio de favorecerlo en un contrato para una construcción en la cárcel de Cómbita en Boyacá".
Como parte de las afirmaciones del contratista, señaló además que "a la funcionaria se le entregaron 600 millones de pesos por el contrato". Presuntamente, esos serían los hechos que originaron la investigación.
Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que desde mayo pasado se vienen realizando denuncias por parte del despacho del ministro Enrique Gil Botero, por presunta corrupción dentro de la Uspec y que se relacionarían directamente con la contratación.
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