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El Ministerio de Justicia y el Derecho aclaró que no es cierto que se hubiese solicitado el traslado de siete de los jóvenes capturados por su presunta participación en los disturbios generados en el marco del paro nacional y que hacían parte de la 'primera línea'.
Entre los reclusos que supuestamente se pretendía trasladar se encuentra Sergio Andrés Pastor, conocido con el alias de '19', líder del grupo.
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Desde el Ministerio de Justicia precisaron que es falso que se hubiese solicitado a las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), gestionar los traslados de los procesados.
En ese sentido, informaron que la organización 'Ni 1día + ¡libres y absueltos!' envió una carta en la que pedían los traslados de las cárceles "para buscar el acercamiento familiar de las personas privadas de la libertad que han manifestado ser judicializadas en el marco de la protesta social", sostuvo.
En esa misma carta, se mencionó que los detenidos están en custodia de la Policía y se solicitaba que se garantizaran los cupos carcelarios en centros de reclusión que permitieran que las familias estuvieran cerca a los procesados.
Desde la entidad explicaron que el ministro Néstor Osuna simplemente firmó el recibido de la misma. La carta iba dirigida al director del Inpec, general Tito Castellanos; sin embargo, RCN Mundo/La FM conoció que actualmente se encuentra encargado de esa entidad, el coronel Daniel Gutiérrez, y que Castellanos ya no ocupa la dirección, el oficio también iba dirigido a la Consejería Presidencial para la Juventud y al ministro de Justicia.
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Al final del documento de dos páginas en los que se relacionaron los nombres de los reclusos, también se encuentran las firmas de la consejera presidencial de la Juventud, Gabriela Posso, y del ministro de Justicia y el Derecho, Néstor Osuna, sin embargo escribió a mano al lado de su firma: "Recibí para evaluar y facilitar 7 de septiembre de 2022".
Entre tanto, el director de Política Criminal y Penitenciaria del ministerio de Justicia, Miguel Ángel González, envió una carta a la consejera presidencial de la Juventud, Gabriela Posso, por medio del cual le menciona cuál es el procedimiento jurídico que establece la Ley 65 de 1993 para efectuar los traslados de los procesados.
También en el documento de dos páginas Chávez le aclara que el Ministerio de Justicia no tiene establecido dentro de sus funciones, trasladar a los internos y que esa tarea esta únicamente encomendada a la dirección del Inpec.
"Si las personas privadas de la libertad se encuentran bajo la custodia y vigilancia del Inpec, en alguno de los establecimiento de reclusión del orden nacional es aplicable la normativa anterior para decisión del dicha Entidad, para lo cual deberán cumplirse los requisitos en la norma", sostuvo.
También añadió que "el Inpec no tiene competencia sobre la población privada de la libertad sindicada que se encuentra en URI o estaciones de Policía, salvo sobre los que se encuentran en calidad de condenados los cuales en principio deben ser trasladados a los establecimientos de reclusión del orden nacional", se indica en uno de los apartes del oficio enviado.
