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Jorge Molano, abogado defensor y apoderado de Milena Quiroz Jiménez, dio a conocer que la juez decidió negar la solicitud de la Fiscalía de ordenar medida de aseguramiento intramural.
Tras conocerse la decisión de la juez del Complejo Judicial de Cartagena de ordenar medida de aseguramiento con detención domiciliaria fuera del sur de Bolívar a Milena Quiroz, vocera de la comisión de interlocución en esa zona del departamento, su defensor y apoderado, Jorge Molano, manifestó que la medida podría interpretarse como un destierro.
“Lo realmente sorprendente, la señora juez ha ordenado que ella debe fijar un domicilio fuera del sur de bolívar, esta situación debo decirla como abogado defensor de los derechos humanos, me genera un sin sabor al sentir que Milena ha sido condenada a una pena de destierro" sostuvo el abogado defensor.
Según Molano, la juez ha concluido prácticamente que no encuentra que existan los elementos en el caso particular de Milena Quiroz para que se pueda hablar del delito de concierto para delinquir, y agregó que el grupo de abogados defensores consideran que se ha avanzado en el debate jurídico y probatorio.
En la audiencia, de carácter preliminar, la juez encargada dio lectura a las pruebas presentadas por la Fiscalía, principalmente testimonios de desmovilizados de ese grupo armado que relacionarían a los detenidos con los detenidos, y ordenó la medida de aseguramiento con detención domiciliaria de Milena Quiroz.
Sobre el material probatorio presentado por la Fiscalía, el abogado defensor expuso que “no existe absolutamente nada. Lo único que nos ha enseñado son testimonios de supuestos reinsertados porque ni siquiera se ha probado que son reinsertados, los cuales usan las mismas palabras lo que indicarían que fueron adiestrados“
En momentos anteriores, el abogado defensor de derechos humanos y apoderado de Milena Quiroz Jiménez, había advertido que “es una alarma por esta situación, ya hemos informado al relator de Naciones Unidos sobre la libertad de expresión y al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias por parte de la justicia colombiana, y bajo el impulso de la policía y la fiscalía se pretende criminalizar de manera abierta y descarada la protesta social”
Durante la audiencia, Jorge Molano también manifestó que los retenidos en la Estación de Chambacú habrían sido sometidos a requisas donde se le decomisaron unas agendas o libretas donde establecían comunicación con sus representantes.
Por su parte, la fiscal especializada 3, María Bernarda Puentes López, explicó que el procedimiento fue ordenado porque el ente investigador tenía la sospecha que los detenidos tenían celulares, y que en las requisas también se encontraron lápices y lapiceros por representar un peligro, pero que agendas no.
En audiencias anteriores, la fiscal Puentes López manifestó que “la Fiscalía considera que es necesaria y proporcional esta medida porque la señora Milena mueve masas y está demostrado porque es líder comunitaria y social. Existen testimonios que dicen que ella forma marchas que tendrían como finalidad real los quereres de la organización ilegal del Eln”
LA FM conoció que según la Fiscalía las declaraciones de Puentes López habrían sido sacada de contexto por parte de la defensa, y que el ente acusador no emitiría ningún pronunciamiento antes que culmine el ciclo de audiencias preliminares, y que se presentaría la transcripción exacta para aclarar la polémica.
Por su parte, Soraida Hernández, encargada de la subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria y miembro del Congreso de los Pueblo, calificó como arbitrario el proceso y criticó los argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación, que ha manifestado que el ejercicio de la protesta social se constituye en una amenaza para el Estado.
Teófilo Acuña, también miembro de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Cesar y Sur del Cesar, manifestó que la captura de 12 supuestos miembros de la redes apoyo al Eln en el sur de Bolívar sería un nuevo caso de ‘falso positivo’ contra los líderes sociales y organizaciones que han denunciado violación de derechos humanos, el incumplimiento del gobierno y la presencia de supuestos paramilitares en la zona.
Milena Quiroz y otras once personas más fueron capturadas en un operativo realizado por miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en el sur de Bolívar.
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