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La magistrada y presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, reveló que ese tribunal especial recibió de manera directa más de 600 casos por parte de tercero civiles y agentes del Estado (no miembros de la fuerza pública), que voluntariamente buscan someterse a esta justicia.
En diálogo con RCN Radio, Linares indicó que ante la Fiscalía también se han presentado también decenas de solicitudes en las que argumentan que quieren contribuir a la verdad de los hechos ocurridos en el conflicto armado.
De acuerdo con la magistrada, por ahora unas 900 personas han solicitado acceso a la JEP tras manifestar que han tenido relación con la comisión de delitos o crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, entre los que se destacan 733 civiles (exfuncionarios del Estado o particulares), mientras que otros 163 son exparamilitares.
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La presidenta de la JEP aseguro que de esas solicitudes, 657 se presentaron directamente ante ese tribunal especial, mientras que los 239 restantes se elevaron ante la Fiscalía General, para que remita sus casos a la justicia transicional.
De acuerdo con Linares, de los casos que recibió directamente la JEP, 540 corresponden a terceros particulares (empresarios y contratistas) y 117 a agentes del Estado distintos a los miembros de la Fuerza Pública, que van desde excongresistas hasta exconcejales y antiguos operadores judiciales o administrativos.
"Hay excongresistas, gobernadores y alcaldes, entre otros, que se han presentado. Creo que es una cifra significativa. A estas personas se les inician procesos por razones de hechos o delitos relacionados con el conflicto", dijo.
Agregó que "sin embargo, la jurisdicción permite que haya más postulaciones, ya que pese a que el plazo venció el viernes, aquellos terceros o agentes del Estado que se les abra algún proceso por hechos cometidos antes de la firma de paz, se pueden postular".
Por esta razón se cree que el número de solicitudes puede aumentar. No obstante, no todos los postulados serán juzgados por la JEP, ya que la Sala de Situaciones Jurídicas deberá analizar uno a uno los casos, con el ánimo de evitar que haya 'colados'.
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"Se debe analizar si se trata de hechos relacionados con el conflicto y si fueron cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. La vocación principal de la postulación de estas personas es aportar de manera significativa a la verdad. No pueden aspirar a ser admitidos a partir de la información que ya ofrecieron en el marco de la justicia ordinaria, por eso van a estar sometidos a un régimen de condicionalidad muy estricto", advirtió Linares.
La magistrada reveló que en estos casos se está trabajando de manera coordinada con el fiscal (e) Fabio Espitia. "Desde el 10 de julio introducimos en conjunto un comunicado para orientar a quienes querían postularse, señalándoles una ruta específica y concreta. El fiscal que en su momento recibió la solicitud hizo el estudio y remitirá o no lo casos a la jurisdicción", explicó.
Finalmente, aclaró que en los casos en los que por ejemplo la Fiscalía o el fiscal resuelvan no remitir a la persona postulada, se puede acudir directamente a la jurisdicción e insistir en el proceso.
