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Frederman Sarria García, alias ‘Gordo Quemado’, fue sentenciado a 46 años de prisión por su responsabilidad en el secuestro, actos de tortura y posterior asesinato de un comerciante de gasolina en el corregimiento La Hormiga en Putumayo en hechos registrados en noviembre de 2004.
En la investigación se pudo determinar que el excomandante de una estructura paramilitar ordenó interceptar la camioneta en la que se movilizaba el comerciante en el sector conocido como San Isidro en la vereda Siberia.
Los integrantes del Bloque Sur de las AUC amenazaron al comerciante y le ordenaron cambiar de ruta. Posteriormente le anunciaron que estaba secuestrado, situación por la cual le pidieron información sobre su familia para exigir un millonario rescate.
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Fue así como empezaron a hacer llamadas en la que pedían 150 millones de pesos para liberarlo. Pese a que los familiares entregaron la alta suma de dinero por cuotas los captores dejaron de enviar pruebas de supervivencia.
La investigación determinó que el comerciante había sido torturado en su lugar de retención y asesinado con arma blanca poco tiempo después del secuestro. Para sostener esta afirmación la Fiscalía General tuvo en cuenta la declaración de varios desmovilizados de la estructura urbana de las AUC en Puerto Asís.
Dichos desmovilizados aseguraron que en efecto ‘Gordo Quemado’ había planeado y ejecutado el secuestro del comerciante tras acusarlo de tener relación directa con la guerrilla de las Farc y de suministrarles combustible.
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Tras su detención en junio de 2014, y para evitar la persecución penal, el exparamilitar aseguró que había hecho parte de la guerrilla de las Farc con el fin que se le aplicara los beneficios fijados tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y dicho grupo armado tras el proceso que se adelantó en La Habana (Cuba).
Después de comprobar que en efecto se había intentado colar para recibir beneficio de amnistía, el juzgado penal especializado del circuito de Mocoa lo sentenció por su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro extorsivo y tortura.
Igualmente le ordenó pagar una multa de 200 salarios mínimos legales vigentes por los daños y perjuicios causados a los familiares de la víctima.
