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Los investigadores de la Fiscalía General de la Nación advirtieron que en atención a las pruebas recolectadas por la policía judicial a una pena que supera los 35 años de prisión se enfrentaría Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, por su posible participación en el homicidio del exfiscal de Paraguay Marcelo Daniel Pecci Albertini, ocurrido el pasado 10 de mayo , en la playa privada de un hotel ubicado en Isla Barú, en Cartagena (Bolívar).
Esta mujer fue expulsada del Salvador y fue capturada en Colombia a su llegada al país por parte de agentes de Policía Judicial.
Según las investigaciones Margareth Chacón se habría concertado con su esposo y cuñado, Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, respectivamente, para planear y definir aspectos que fueron determinantes al momento de llevar la logística y financiación del crimen.
“Abundante material de prueba y evidencia técnica dan cuenta de que Chacón Zúñiga, al parecer, dispuso de una camioneta de su propiedad para asistir a varias reuniones en Medellín y Cartagena, en las que se ultimaron detalles para ejecutar el asesinato”, indicó la Fiscal.
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Así mismo, se estableció que el vehículo también habría sido usado como ‘caja fuerte’ para trasladar de una ciudad a otra el arma de fuego utilizada para cometer el homicidio y el dinero para cubrir los gastos del todo el entramado criminal.
“La investigación permitió conocer que el pasado 8 de mayo en un encuentro que se realizó en un restaurante de Cartagena, esta mujer presuntamente insistió para que el asesinato se ejecutara, y explicó que tenían que actuar rápido porque el plan vacacional del fiscal Pecci y de su esposa estaba próximo a terminar”, indicó.
Estas manifestaciones las habría hecho frente a los hermanos Pérez Hoyos y a Francisco Luis Correa Galeano, el señalado articulador de los autores materiales, actualmente privado de la libertad y acusado.
Un fiscal delegado ante el Tribunal, con asignación especial para el caso del fiscal Pecci, imputó a Margareth Lizeth Chacón Zúñiga los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La procesada no aceptó los cargos.
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Por disposición del juez de control de garantías, se ordenó enviar a la cárcel a esta mujer.
Los investigadores indicaron que el pasado 16 de enero, la Fiscalía judicializó por estos mismos a Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, quienes aceptaron su participación en este evento delictivo.
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