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LA F.m. conoció que la Fiscalía descubrió una red de falsos reclamantes de tierras que buscan apropiarse de manera ilegal de miles de hectáreas en el país.
Las autoridades tienen pistas sobre la presunta participación de funcionarios judiciales de muy alto nivel, de abogados y particulares quienes, a través de maniobras irregulares, buscan quedarse con las tierras. Todo esto con la complicidad de falsas víctimas. De hecho, en poder de los investigadores de la Fiscalía hay a la fecha 150 denuncias sobre falsos reclamantes y se han capturado a 20 personas en Antioquia, Cesar y los santanderes.
Estas personas son señaladas de ser falsos reclamantes de tierra, quienes se mostraron como víctimas de desplazamiento forzado y pretendían obtener de la Unidad de Restitución de Tierras actos administrativos para que les otorgaran títulos de propiedad de predios, que ya habían sido vendidos a terceras personas.
Dentro de estas investigaciones, la Fiscalía abrió proceso penal contra dos magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta a quienes señala de haber incurrido presuntamente en el delito de prevaricato. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia los citó a un interrogatorio para que expliquen su actuación en varios procesos de restitución de tierras.
Se trata de Amanda Janeth Sánchez Tocora y Puno Alirio Correal Beltrán, magistrados de la sala civil especializada de restitución de tierras del Tribunal Superior de Cúcuta. De acuerdo con las denuncias, que son valoradas por la Fiscalía, al parecer algunos de los fallos de los magistrados habrían beneficiado a falsos reclamantes de tierras. Incluso, dentro de esos procesos la Fiscalía ya logró identificar a una falsa victima a quien capturó y envió a la cárcel.
En otro proceso, la Fiscalía verifica información según la cual se habría direccionado otro caso para beneficiar a otro reclamante de tierras. Este reclamante, al parecer sería Herman García, quien es el compañero de Martha García, otra magistrada de restitución de tierras en Norte de Santander y compañera de los dos magistrados investigados.
"Son varias las denuncias y las líneas de investigación que se están trabajando con un equipo de policía judicial en varias regiones del país. Esta red no actúa sola. En la mira de la justicia ya hay una docena de funcionarios que se aliaron de manera criminal con un grupo de abogados y particulares que con trampas buscan apoderarse de manera fraudulenta de miles de hectáreas. No hay que permitir que sigan atropellando a las verdaderas víctimas. La ley permite condenas de 8 años de cárcel a los falsos reclamantes de tierras. Tenemos en la mira un grupo de abogados", explicó uno de los investigadores a LA F.m.
La Fiscalía asegura que está trabajando de la mano con la Superintendencia de Notariado y Registro, organismo que ha alertado sobre varios casos."Aparecen campesinos que no son víctimas, pero son asesorados y direccionados por los abogados para que hagan reclamaciones. Otros vendieron de manera voluntaria, pero ahora ven la oportunidad de sacar provecho y falsamente argumentan ser desplazados por el conflicto armado", dijo el investigador.
El caso contra los magistrados
En el año 2007, Raúl cruz, un pequeño empresario, adquirió 10 hectáreas en la vereda la rampachela de El Zulia, en Norte de Santander. Pero tan solo hace algunos meses perdió su tierra. Según su denuncia, el Tribunal de Cúcuta, entre los que están los magistrados hoy investigados, decidió quitarle el predio y su proyecto productivo para entregárselo a José del Carmen Rivera, quien se presentó como dueño argumentando que el predio se lo compró al Incora.
Rivera dijo ser desplazado por el EPL en 1996, pero la Fiscalía encontró una carta del Incora de 1998 donde este hombre pidió permiso para vender el predio porque tenía graves problemas de salud. Rivera le dijo a la Fiscalía que había sido desplazado de la finca en el año 1995 por el EPL, grupo que se presentó en la zona con un secuestrado que traían de Venezuela. Tambien que a él lo habían obligado a esconderlo, pero él se negó y entonces empezaron las amenazas y supuestamente tuvo que irse para Tibú. La Fiscalía encontró que eso no fue cierto y por eso, entre otras inconsistencias, ordenó su captura.
El denunciante le aseguró a la Fiscalía que el "Tribunal de Restitución de Tierras y la magistrada Amanda Yaneth Sanchez fue la ponente del fallo que decidió despojarme de mi tierra, porque no pude demostrar, según ella, mi buena fe". Y además, dice la denuncia, que es valorada por la Fiscalía: "En la demanda por mi predio aparece Herman García, quien resultó ser el esposo de la magistrada Martha Isabel García, quien también resultó ser exmiembro de la misma sala de restitución de tierras del Tribunal de Cúcuta y compañera de sus dos colegas Amanda Yaneth Sanchez y el Dr. Puno Alirio Correal, quienes fueron la ponente y quien apoyó esa ponencia, respectivamente".
Según reposa en la Fiscalía, y con base en la denuncia, "el esposo de la magistrada fue presentado por la Unidad de Restitución de Tierras de Norte de Santander como adulto mayor discapacitado, pero se pudo constatar que dicha discapacidad no existe. Si bien es cierto tiene algunos problemas de salud, no es ningún discapacitado".
Con todo esto, la Fiscalía ordenó el interrogatorio de los magistrados y en su decisión dice lo siguiente: "Según el denunciante, los magistrados profirieron sentencia el 18 de junio de 2014 sin considerar y analizar toda la prueba testimonial existente en el proceso, especialmente las declaraciones de quienes negaron la existencia de amenazas serias contra la vida de José del Carmen Rivera, en el marco de la investigación adelantada por la Fiscalía sexta delegada se ha obtenido copia de la actuación de los funcionarios denunciados".
