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Fernando Jiménez Montes fue socio del actual magistrado de la sala de Instrucción de la Corte Suprema, César Reyes Medina, en la empresa Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores, con la que Reyes Medina obtuvo un contrato con la oficina de la Presidencia en el gobierno del exjefe de Estado, Juan Manuel Santos, por 575 millones de pesos para labores del Acuerdo de paz.
Jiménez Montes llegó a la compañía en 2009 cuando Ana Montes Calderón decidió salir de la empresa y ceder sus acciones. Siendo socio de la empresa del actual magistrado de la sala de Instrucción, Jiménez obtuvo, como persona natural, un contrato directo de prestación de servicios con la Fiscalía de Eduardo Montealegre. Luego, en 2017 fue candidato para ser el director de la Unidad de Investigación de la JEP, pero no fue electo en el cargo. El 11 de octubre de 2018 su exsocio, el magistrado Reyes, lo nombró como magistrado auxiliar de la Corte Suprema para su despacho.
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El contrato fue suscrito entre Marcela Yepes, quien para ese momento era directora nacional de apoyo a la gestión del fiscal Eduardo Montealegre, y Fernando Jimenez Montes, el 11 de julio de 2014. El valor pactado fue de $ 334.080.000 para un año de ejecución con el objeto de “brindar una asesoría a la Fiscalía Segunda delegada ante la Corte Suprema en el diseño de las estrategias de litigación oral adversativa necesarias para la sustentación y demostración eficiente de la teoría del caso de la Fiscalía”.
La asesoría tenía el objetivo de apoyar a la Fiscalía en la sustentación de los casos que tenían que ver con los aforados, con el fin de hacer más eficiente la presentación oral en los juicios. Aunque para esa fecha Jiménez ya era parte de la empresa en la que compartía sociedad con el hoy magistrado Reyes y el objeto del contrato tenía que ver con la oferta de servicios de la compañía, este fue entregado en calidad directa de prestación de servicios a Jiménez Montes como persona natural. Para el pago se acordó un desembolso de $ 27. 840.000 al mes, más que el salario de un congresista de la época, durante la duración del programa de asesoría. Ese contrato, como el de la Presidencia, tampoco fue hecho público ni expuesto a la sala de instrucción por ninguno de los actuales magistrados, entendiendo el grado de enemistad de Montealegre con el investigado exsenador Álvaro Uribe.
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Hace dos semana el exfiscal general Eduardo Montealegre y el vicefiscal Jorge Perdomo interpusieron una denuncia penal en la Corte Suprema en contra del expresidente Álvaro Uribe, por los casos de la masacre del Aro y la Granja, así como por el asesinato al defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle. Según la hipótesis de los fiscales, Uribe siendo gobernador de Antioquia omitió su deber de brindar seguridad a la población, conociendo las alertas de una posible asonada de paramilitares en esas regiones de Antioquia. Días antes de la denuncia, el exfiscal general categorizó a Uribe como un delincuente de lesa humanidad en medios de comunicación.
Días después de que el expresidente Uribe renunció a su cargo como senador y de que el abogado Jaime Granados de su defensa, hiciera llegar la notificación de esa decisión a la sala de Instrucción, el propio magistrado Reyes llamó a versión libre al exmandatario por el caso de la masacre de El Aro. Esa investigación que adelantaba la Corte no tenía que ver con la denuncia del exfiscal que, en todo caso, según varios penalistas, deberá pasar también a ser investigada por el ente acusador por la pérdida del fuero constitucional. Esa versión aún se encuentra en controversia jurídica porque para la fecha de los hechos Uribe era gobernador y la Corte podría mantener las facultades.
La FM envió preguntas puntuales al exfiscal Montealegre sobre su posible relacionamiento con el hoy magistrado auxiliar Fernando Jiménez, teniendo en cuenta que el contratista estuvo asesorando a una de las oficinas más importantes del ente acusador durante un año. “No sé nada. No recuerdo”, fue el mensaje que le hizo llegar a este medio de comunicación.
Hablamos con la directora de apoyo a la gestión de la época, Marcela Yepes, quien afirmó que todos los contratos de prestación de servicios de ese nivel eran conocidos y aprobados por el fiscal general. Según Yepes, la Fiscalía tenía un importante porcentaje de casos que perdía en juicio y por eso, luego de un estudio de las necesidades, se solicitaba de parte de las fiscalías delegadas este tipo de impulso externo a través de contratistas. La FM también le envió a la Corte preguntas puntuales dirigidas al magistrado auxiliar para conocer con más amplitud los alcances del contrato y si conoció o no a Montealegre.
Estas fueron las preguntas enviadas el viernes pasado a través del jefe de prensa de la Corte y al correo institucional del magistrado Jiménez, además de un aviso telefónico al despacho del magistrado Reyes:
1. El señor magistrado auxiliar Fernando Jiménez Montes tuvo un contrato como persona natural con la Fiscalía General en 2014, cuando Eduardo Montealegre era el señor fiscal. El contrato tuvo un plazo de un año. ¿Durante ese año el señor magistrado auxiliar conoció al señor fiscal Eduardo Montealegre?, ¿lo ha visto, tiene o tuvo algún tipo de relación con él?
2. ¿Qué papel tuvo el señor magistrado auxiliar en la instrucción del caso Álvaro Uribe en el despacho del magistrado César Reyes?
3. ¿El magistrado auxiliar Fernando Jiménez hizo públicos sus contratos como privado antes de llegar a la sala de instrucción o en cualquier otro momento?
Ni la Corte, ni el despacho del magistrado César Reyes, ni el magistrado auxiliar Fernando Jiménez contestaron alguna de las preguntas enviadas.
El magistrado Reyes sustentó la decisión de excluir del caso a su compañera de sala, la magistrada Cristina Lombana, por considerar que en el marco de la "apariencia de imparcialidad", la magistrada no podía llevar el caso por su pertenencia en el pasado a las Fuerzas Militares. Como lo resaltó el jurista y expresidente de la Corte, Jaime Arrubla, con este contrato tampoco habría ninguna causal de impedimento de acuerdo al reglamento del código penal, pero en opinión del penalista Francisco Bernate, por ética y transparencia y por la sensibilidad del caso, tanto el magistrado Reyes como su exsocio y magistrado auxiliar, debieron revelar los contratos a sus colegas y al público en general.
Finalmente, hay que recodar que el cargo de magistrado auxiliar es de libre nombramiento y remoción. Es decir que el magistrado Reyes contrató para su despacho a un socio de una empresa privada con la que participó en asesorías a instituciones del Estado colombiano. Jiménez, sin embargo, cuenta con todos los requisitos y trayectoria académica. La FM publica el contrato completo en aras de la transparencia.
