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El abogado Óscar Díaz, quien representa al exsenador Luis Alberto Gil Castillo, le solicitó al juez 45 de control de garantías de Bogotá que le otorgue el beneficio de detención domiciliaria.
Las afecciones cardiacas que enfrenta el político santandereano impulsaron la petición de sustitución de medida de aseguramiento. "Estamos buscando el derecho a la dignidad, no se está pidiendo la libertad, es una medida cautelar, pero qué va permitir que él esté en su lugar de residencia y pueda ser llevado a sus terapias".
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En su petición manifestó que el estado de salud de 'El Tuerto' Gil se habría deteriorado en los últimos meses por lo que debe tomar medicamentos especiales y someterse a terapias en la rodilla por una lesión.
"No hay por qué convertir a un viejo en un vejestorio inútil", sostuvo el abogado que le pidió al juez garantizar que el exsenador reciba la atención médica necesaria.
El excongresista se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá desde marzo pasado, en el marco del proceso que se le adelanta por presuntamente hacer parte de una estructura criminal para manipular procesos penales en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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La Fiscalía General lo señala de haber hecho parte de la red que cobró millonarias comisiones para influir en el estudio de la solicitud de extradición del excomandante de las Farc, Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido con el alias de 'Jesus Santrich'.
Fiscalía y Procuraduría se oponen
La Fiscalía presentó un informe basado en exámenes que peritos autorizados, realizaron al excongresista en el que se demuestra que su condición de salud no es tan delicada como para otorgársele el beneficio de detención domiciliaria. "En consideración de la solicitud de medida de aseguramiento, este fiscal considera que no es procedente otorgarse", dijo el fiscal del caso.
El representante de la Procuraduría General pidió rechazar la solicitud de la defensa de Gil e indicó que los exámenes e historia clínica pertenecen a dictámenes de médicos privados y no de peritos expertos de Medicina Legal, por lo que para no tienen credibilidad.
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Sin embargo, reseñó que si los diagnósticos son validados y certificados por el Instituto de Medicina Legal no se opondrá a sustituir la medida de aseguramiento. El exsenador Luis Alberto Gil Castillo fue detenido en compañía del entonces fiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo mientras recibían 100 mil dólares en efectivo en un exclusivo hotel en el norte de Bogotá.
Mientras era detenido el exsenador presentó una insuficiencia cardíaca, hecho por el cual tuvo que ser trasladado a la clínica Colombia. Gil Castillo fue condenado a siete años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con grupos paramilitares y en el 2012 salió libre.
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