Los congresistas Johany Palacios y Mary Perdomo, acusados de peculado por la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a los congresistas Johany Alberto Palacios y Mary Andrea Perdomo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. 

Alberto Palacio es investigado por presuntas irregularidades en el contrato que mejoraría la plaza de mercado de Istmina en Chocó y Perdomo Gutiérrez por presuntas irregularidades en el desarrollo de un contrato de una funcionaria de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

La decisión fue tomada al término de la sesión ordinaria de la Sala De Instrucción del alto Tribunal. Además de los delitos mencionados, a Perdomo Gutiérrez también se le acusa del delito de falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto. Las decisiones ya están en firme por lo tanto pasarán a la Sala Especial de Primera Instancia.

Según la Corte Suprema el representante a la Cámara por el Departamento del Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, incurrió en dichas conductas que fueron llevadas a cabo con el Consorcio Plaza de Mercado Itsmina, en la interventoría y trámite de este contrato cuando era gobernador del Chocó. Un peculado, según la investigación que llegó a ascender a 1.082 millones de pesos.

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Hay que señalar que el exgobernador Palacio Mosquera había estado señalado en otros escándalos. En su periodo constitucional entre 2016 y 2019 también afrontó una investigación disciplinaria en la Procuraduría con tres funcionarios más de su departamento por posibles irregularidades en la construcción del Hospital Lascario Barbosa Avendaño de Acandí.

Por otro lado, el órgano de control también precisó que hubo conductas irregulares por parte de Palacios Mosquera en la continuidad de la ejecución de un contrato para la masificación del servicio de gas natural para Istmina, Unión Panamericana y Condoto, en el cual autorizó pagos por más de 1.700 millones de pesos en favor del contratado, aunque los avances de las obras no los justificaba. La investigación contra el aforado ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia por las conductas mencionadas inicialmente.

En cuanto a la representante Mary Anne Perdomo, la Corte Suprema señaló que: "la investigación se relaciona con presuntas irregularidades en desarrollo del contrato de una persona en su Unidad de Trabajo Legislativo, quien a pesar del vínculo laboral no habría cumplido con sus funciones. A pesar de esto, se certificó que sí realizó su trabajo".

Paralelamente Perdomo habría hecho presuntamente una indebida destinación de dineros públicos sobre su UTL, bajo un contrato que habría superado los 100 millones de pesos respectivamente.