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La Procuraduría General de la Nación emitió el auto definitivo que ordenó la suspensión provisional de Alfredo Saade como jefe de Despacho del presidente Gustavo Petro por tres meses, por presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la expedición de los pasaportes.
Según el Ministerio Público, Saade, quien asumió el cargo gubernamental el 25 de junio, se extralimitó en sus funciones al haber impartido órdenes, aparentemente, a servidores de la Cancillería para que se racionalizara la asignación de citas para la expedición de las libretas. El órgano de control comprobó que los funcionarios no eran subalternos del ahora designado embajador en Brasil.
Por otro lado, Saade habría convocado a reuniones y emitido instrucciones sobre la contratación para la prestación del servicio. Además, es señalado de acusar a los empleados del Ministerio de Exteriores de tener intereses particulares a favor de Thomas Greg & Sons si incumplían órdenes que, Saade aseguraba, llegaban de la Presidencia de la República.
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A la investigación contra Saade fue anexada una queja que presentó el ciudadano Leinder Molina Miranda, miembro de la Red Defensa Ciudadana, en contra del ex jefe de Gabinete. Molina señaló a Saade de extralimitarse en sus funciones y usurpar competencias que eran propias de la cartera diplomática, como su presunta intromisión en el contrato suscrito entre el Fondo Rotario de la Cancillería y la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025.
El procurador general, Gregorio Eljach, señaló que "la suspensión provisional contra Saade se da para evitar que el funcionario afecte el normal desarrollo de la investigación". Pese a que Alfredo Saade fue designado por el Gobierno nacional como nuevo embajador de Brasil, el jefe del órgano de control aseguró que no ha recibido formalmente la notificación de que haya renunciado al Despacho Presidencial.
"Es explicable la existencia de la suspensión provisional, precisamente para asegurar el cometido de la prevalencia del interés general sobre el particular, como pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho. La medida se explica en aras de garantizar y reafirmar la conveniencia de la legalidad, moralidad y eficiencia propias de la función pública", señala uno de los apartes del auto de la Procuraduría.
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En la decisión también aparecen implicados el exministro Luis Gilberto Murillo y la excanciller Laura Sarabia, sobre quienes la Procuraduría enfatizó que "no ejercen en la actualidad cargo público". Aun así, el oficio apuntó que Sarabia, siendo canciller, presuntamente no estructuró "de manera eficiente y oportuna el proceso de contratación e implementación para el servicio de expedición de los pasaportes".
La también exdirectora del Dapre habría conocido en abril "que era inviable el cumplimiento del cronograma propuesto para la implementación del nuevo modelo" de expedición de pasaportes, que involucraba a la Casa de la Moneda de Portugal, y aparentemente estaba al tanto de "la falta de capacidad operativa de la Imprenta Nacional".
Frente a Luis Gilberto Murillo, el ente disciplinario sostuvo que no habría estructurado "de manera eficiente" la licitación en más de nueve meses que transcurrieron desde su entrada al cargo hasta la declaratoria de urgencia manifiesta del 10 de septiembre de 2024. Al parecer, hubo un uso indebido de la figura, en tanto "la implementación del nuevo esquema para el suministro no puede atribuirse como una situación excepcional".
