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El 4 de agosto de 2018, la Fiscalía General de la Nación anunciaba la captura de tres oficiales retirados del Ejército y un particular, señalados, presuntamente, de obtener ilegalmente información reservada de políticos, empresas, integrantes de la fuerza pública, parejas, funcionarios judiciales y de la Fiscalía, para venderla a terceros interesados.
Las investigaciones del ente acusador establecieron que para el efecto, la fachada utilizada sería dos empresas en Cali; mientras que el centro de operaciones criminales estaba en Ipiales (Nariño), y desde allí se habría acopiado información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, y otras personalidades nacionales e internacionales.
El portafolio ilegal de servicios era ofrecido a entidades del Estado y particulares. Publicitaban su capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. La red delincuencial cobraba al menos tres millones de pesos ($3’000.000) por cada actividad ilícita.
Anunciado el desmantelamiento por parte del ente acusador, fueron capturados en zona urbana del municipio de Ipiales (Nariño) Carlos Andrés Pérez Cardona, coronel en retiro del Ejército Nacional, jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales (Nariño), cuyo mandatario local es Ricardo Romero.
De igual manera Luis Mesías Quiroga Cubillos, mayor en retiro del Ejército Nacional y María Alicia Pinzón Montenegro, exfuncionaria del Ministerio de Tecnología de la información y Comunicaciones, quien era la supuesta ‘hacker’ que habría sido contratada para el robo de información. Ese día también se anunció la captura de Jorge Humberto Salinas Muñoz, coronel en retiro del Ejército Nacional y especialista en inteligencia.
En Cali, los investigadores de la Fiscalía allanaron las oficinas de una empresa de seguridad y las viviendas de los oficiales en retiro. En las diligencias se encontraron más equipos tecnológicos. De otra parte, en Bogotá, fueron allanadas las instalaciones de la empresa ‘A&G seguridad’ de propiedad del general en retiro de la Policía, Humberto Guatibonza Carreño, según el ente acusador.
Justamente Jorge Humberto Salinas Muñoz ha sido la persona que ha prendido el ventilador y ha señalado a un senador y un oficial de la policía en retiro como sus presuntos partícipes en las interceptaciones telefónicas. “Respecto a mi general Guatibonza, con él había una intención clara en temas de consultoría, seguridad y capacitaciones investigativas. Estaba la intención de abrir una oficina en Ecuador para ese tema”, dijo el coronel Salinas Muñoz.
En el marco de este escándalo de interceptaciones ilegales, LA FM conoció que la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) también fue blanco de algunas personas que querían interceptarla. El objetivo era conocer cómo el organismo manejaba diferentes clases de contratos, especialmente aquellos relacionados con equipos de fútbol.
Según conoció LA FM, cuando le llegó la orden a los miembros de esta empresa criminal, por parte de una persona que es investigada por la Fiscalía, éstos se asustaron al ver que el blanco era la Dimayor y detuvieron el proceso. Lo mismo se llegó a decir con la presunta intención de interceptar a Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación. Que cuando se supo que el blanco era el mismísimo fiscal, las personas a cargo de esta empresa de interceptaciones ilegales no accedió por miedo.
