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La decisión del ente acusador se debe a las presuntas irregularidades en el proceso de liquidación de la desaparecida Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca). Los llamados a juicio son señalados de los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal en calidad de coautores.
La Fiscalía indica, en torno a las investigaciones, que Parra Satizábal, Cortés Pomar y Colmenares Ardila, este último como contratista, insistieron ante el registrador de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), para levantar las medidas cautelares impuestas por el juzgado Promuisco Municipal de Mompox (Bolívar) sobre 10 lotes en embargo ubicados en la isla de San Andrés y Providencia y cuyo procedimiento debía realizarse de manera irregular.
Estos hechos se presentaron en 1998 cuando la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca) entró en proceso de liquidación. Posteriormente y para los años 1999 y 2000, 63 familias afectadas por la extensión de redes e infraestructura de la compañía sobre predios privados en la costa atlántica, demandaron a Corelca y lograron sanciones económicas contra la empresa por 14 mil millones de pesos en el año 2009.
El proceso penal hace referencia a las irregularidades utilizadas, presuntamente, por los procesados para lograr que jueces de la República en los departamentos de Atlántico y Bolívar levantaran embargos sobre diferentes predios de Corelca, a fin de anexarlos al proceso de liquidación.
Actualmente, el proceso se encuentra bajo un conflicto de competencias en razón a que los hechos ocurrieron en Barranquilla, pero el trámite de audiencias se lleva a cabo en Bogotá, por lo cual el Tribunal Superior de la capital definirá en los próximos días el conflicto de competencias, a fin de culminar con el sentido del fallo contra los investigados.
