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El Primero de Mayo de 2005, en el marco de las marchas por el Día del Trabajo, el joven Nicolás Neira fue impactado con una bala de goma que contenía gas, la cual fue disparada por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). El impacto le generó graves daños que terminaron con su vida.
Han pasado catorce años desde esos hechos y los familiares del joven indican que el caso se encuentra en la más absoluta impunidad. Pese a los intentos por vincular a agentes del Esmad por el abuso de la fuerza y el uso indebido de las armas que portan, hasta el momento no se ha emitido ninguna condena.
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Este viernes, la Fiscalía General presentó el escrito de acusación contra el excomandante del Esmad, Fabián Mauricio Infante Pinzón y otros cuatro integrantes de este grupo antidisturbios por presuntamente intentar desviar la investigación judicial con la destrucción y ocultamiento de pruebas.
Pese a tener información directa sobre el uso indebido de la pistola lanzadora de balas de gas en contra de los manifestantes que estaban sobre la Carrera Séptima con calle 17, y las heridas que había sufrido un joven, las directivas del Esmad intentaron ocultar estos datos y presentar una historia.
El objetivo, según indica la Fiscalía General, era señalar que la muerte del joven se había tratado de un accidente, pues en medio de la revuelta y la reacción de las autoridades, él había salido corriendo con tan mala suerte que se tropezó y se golpeó en la cabeza con un andén.
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Las pruebas recolectadas indican que Infante dio instrucciones precisas para que sus subalternos entregaran una misma versión en las investigaciones penales y disciplinarias que se abrieron. Esto con el único fin de eximir de cualquier tipo de responsabilidad a los agentes.
Por estos mismos hechos enfrenta un proceso penal Néstor Rodríguez Rúa, el agente que accionó su arma contra la integridad de los manifestantes. El caso se reanudará luego que la Corte Suprema de Justicia tumbara el preacuerdo firmado entre el procesado y la Fiscalía General.
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El alto tribunal señaló que existe jurisprudencia que prohíbe la firma de cualquier tipo de preacuerdos en casos en los que las víctimas sean menores de edad. Debido a esto ordenó que se continúe con el respectivo proceso penal.
Para los abogados de la familia de Nicolás Neira existe evidencia suficiente para demostrar que existió un plan orquestado desde la jefatura del Esmad para evadir todas las responsabilidades, desviar la investigación y trancar cualquier tipo de proceso penal con mentiras y maniobras dilatorias.
En este sentido señalan que no contestos con esto, amenazaron al padre de Nicolás Neira quien se vio obligado a exiliarse. Consideran que todas las pruebas apuntan a un exceso de la fuerza y a un uso equivocado de las armas que tenían para controlar a los manifestantes.
