Juez declaró en contumacia a 'zar de la chatarra'

 

“Son más de tres audiencias y no se ha hecho presente a las diligencias que le ha hecho la Fiscalía”, sostuvo el delegado del ente de investigación al argumentar tal petición.

 

La Fiscalía estableció que en el 2007, fueron creadas cerca de 26 empresas las cuales por iniciativa de la firma R&B CONSULTORES Y ASESORES, de propiedad de la Blahca Jazmín Becerra sentenciada por estos hechos, les asesoró sobre la manera de obtener la devolución del IVA por la exportación de la chatarra.

 

De la misma manera,  se registraron importaciones ficticias de material ferroso desde Venezuela que de forma camuflada era ingresado por las fronteras,  vía terrestre por trochas, simulando y traer Níquel o Plomo, pero que realmente era cobre. El metal era hecho pasar como de origen nacional con el fin de evitar su origen nacional y evitar el pago de impuestos.

 

“Arias Vásquez concurrió objetiva y subjetivamente en la entrega de documentos que le servían a los empresarios con empresas de fachada, simular operaciones comerciales y luego reclamar el valor del IVA con la colaboración de empleados de la DIAN que ya están procesados penalmente” sostuvo el fiscal del caso.

 

Se calcula por ejemplo que tan solo en una de las empresas identificada por las autoridades como C.I Mundo Metal, compró en el 2007 cerca de 60 mil millones de pesos en chatarra tan solo en Cúcuta, Norte de Santander, lo que equivale a 5 millones de kilos de material, lo que no concuerda con la cantidad de población y  número de industrias que no generan tantos desechos de acuerdo con los estudios adelantados por la entidad.

 

En otros balances reportan la compra de un millón 349 mil kilos de chatarra pero las empresas vendedoras no reportaron a la Dian, las facturas del ingreso del capital que corresponde a  estas negociaciones.

 

“Todos los cheques de las compras o ventas circulaban en Bogotá y Medellín luego esos capitales terminaban en Cúcuta, donde finalmente eran cambiados por Bolívares” sostuvo el delegado fiscal. También se investigan los  proveedores a estas empresas en Pereira, (Risaralda), Medellín, (Antioquia),  Barranquilla, (Atlántico y  Cúcuta, (Norte de Santander).

 

La Fiscalía le imputó los cargos de lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.