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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adoptó una serie de medidas con el fin de verificar las condiciones de reclusión del sargento viceprimero retirado del Ejército José Leonairo Dorado Gaviria, y evaluar la situación de salud física, mental y de seguridad de este exagente de inteligencia militar, tras insistir en ser acogido por este tribunal especial.
Los magistrados solicitaron a varias entidades del sistema penitenciario y hospitalario la remisión de su historia clínica y dispuso establecer si ha sido objeto de traslado a un centro médico psiquiátrico, bajo qué condiciones y con autorización de qué autoridad.
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De acuerdo con la JEP, este militar retirado ha realizado actos formales de sometimiento y ha rendido versión voluntaria ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, en el marco de los casos 06 y 08, relacionados con graves violaciones a los derechos humanos contra integrantes del partido político Unión Patriótica, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, cometidas por miembros de la fuerza pública; y crímenes cometidos en alianza con grupos paramilitares o con terceros civiles, respectivamente.
Así mismo, la JEP solicitó al Grupo de Protección de la Unidad de Investigación y Acusación realizar una nueva valoración preliminar del nivel de riesgo de Dorado Gaviria y determinar si es necesario activar medidas orientadas a salvaguardar su integridad personal y la de su familia.
Igualmente, los magistrados le ordenaron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a la Dirección de Centros de Reclusión del Ejercito Nacional, que informen si fue dispuesto un traslado del compareciente José Leonairo Dorado Gaviria, a un centro psiquiátrico tras denuncias de que habría sido en contra de su voluntad.
Y, en caso afirmativo, se debe aclarar la autoridad que tomó esa decisión y el lugar a donde fue trasladado y los motivos en que se sustentó.
Además, se le requirió al Hospital Militar Central y a la Clínica Santo Tomás, que remitan a la JEP la historia clínica y los registros médicos de Dorado Gaviria, con el fin de verificar su estado de salud mental y, en caso tal, determinar la eventual necesidad de ordenar un dictamen médico legal.
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Por su parte, la Sección de Apelación en segunda instancia señaló que, por ahora, no es posible aceptar su sometimiento, ya que los hechos de secuestro extorsivo por los cuales fue condenado en la justicia ordinaria no cumplen con el factor material de competencia.
Es decir, no guardan relación directa o indirecta con el conflicto armado interno y fueron calificados como delitos comunes motivados por beneficio económico personal.
