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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó al Alto Comisionado para la Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y a la Unidad Nacional de Protección, implementar acciones encaminadas a garantizar la seguridad de los exjefes de las antiguas Farc que firmaron los acuerdos de paz.
La medida fue adoptada, luego de constatar que pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales, ya que más de 200 reincorporados de esa antigua guerrilla han sido asesinados.
De acuerdo con los magistrados de la JEP, este fenómeno, que atenta contra la seguridad de los comparecientes, ha sido suficientemente documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
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Estas acciones de fondo se produjeron luego de que la JEP evaluó en dos audiencias la grave condición de seguridad y las razones que llevaron a efectuar el traslado de las familias de excombatientes asentados en Ituango hacia el municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia.
Asimismo, la JEP le dio al Alto Comisionado para la Paz un término para remitir los lineamientos y el plan de acción de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales.
La JEP también le ordenó, “al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, convocar a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección para definir las medidas de protección que correspondan frente a solicitudes con análisis de riesgo, así como identificar y gestionar con celeridad lo necesario para la formulación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección”.
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Los magistrados señalaron que el Consejero debe remitirle a la JEP los diagnósticos realizados sobre los Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación y de las Nuevas Áreas de Reincorporación.
En torno a la Unidad Nacional de Protección, la JEP dispuso que debe impulsar de manera coordinada con la Mesa Técnica de Seguridad la adopción inmediata de las medidas de protección pendientes y realizar estudios de riesgo para los comparecientes que lo solicitan, entre otros aspectos.
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