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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) expresaron su preocupación por el incremento en los riesgos y la violación de los derechos a la reincorporados de las Farc y la falta de un plan estratégico por parte de las entidades del Estado para evitar los actos de violencia contra esta población.
El llamado de atención fue realizado en el transcurso de la tercera audiencia territorial con excombatientes de las Farc que se llevó a cabo en la JEP por los actos de violencia, ataques y crímenes que vienen sufriendo los desmovilizados de las Farc luego de la firma del acuerdo de paz.
Los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, escucharon entre otros a los voceros del partido Farc en la región del sur occidente del pacifico Colombiano de departamentos como Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo.
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El exjefe de las Farc y senador Pablo Catatumbo, aseguró ante los magistrados de la JEP que 229 exmiembros de esa guerrilla que firmaron los acuerdos de paz ha sido asesinados y urgió por medidas integrales de protección.
De igual forma, señaló que otros 48 excombatientes han resultado víctimas de intento de homicidio y 17 aparecen en los registros como desaparecidos.
De acuerdo con Pablo Catatumbo, sólo en el caso del departamento del Cauca han sido asesinados un total de 37 reincorporados, en Nariño 27 excombatientes y en Caquetá 22, en Putumayo 18 y en el Valle del Cauca se tiene un registro de 14 excombatientes asesinados.
“Por eso digo, el Gobierno está en la obligación de garantizar la seguridad de todos los colombianos”, indicó Catatumbo.
El magistrado Gustavo Salazar señaló que la violencia contra los excombatientes de las Farc ha sido amplia y continúa, generalizada e incesante y la respuesta por parte de las entidades del Estado ha resultado claramente insuficientes.
“Es un poco fatigante ir de audiencia en audiencia, escuchando los mismos argumentos, escuchando todo lo que se ha hecho y realmente los asesinatos continúan y no veo un plan estratégico”, dijo el magistrado Salazar.
Asimismo, sostuvo que: “lo que me sorprende como magistrado de esta sección, es que las acciones del Estado se han convertido en interponer recursos a las exigencias que son de ley y constitucionales”.
A su turno el magistrado Alejandro Ramelli, indicó que las entidades han demostrado poco interés, porque en estas audiencias de seguimiento deberían hacer presencia las cabezas de las mismas, pero sólo terminan enviando a sus delegados y se carece de un plan estratégico o por lo menos, el reconocimiento de la existencia de un problema.
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“Estamos viviendo casi que en un mundo esquizofrénico. Por un lado las entidades consideran que no existe un problema (...) y por el otro más de 105 personas han sido asesinadas", agregó el magistrado Ramelli.
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