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La Justicia Especial para la Paz (JEP), fijó un plazo de tres días para que la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Notariado y Registro entreguen la información detallada sobre los bienes que reportaron las Farctras su desmovilización.
La solicitud de esta información se hizo debido a que la JEP deberá definir si les impone medidas cautelares a estos bienes para protegerlos y destinarlos a la reparación de las víctimas.
En contexto: Fiscalía y Supernotariado no entregarán información sobre bienes de las Farc
Sin embargo, inicialmente la JEP les había dado 30 días para cumplir con este trámite y entidades como la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado manifestaron que no pueden entregar la información solicitada dentro de ese plazo, por eso la JEP suspendió el límite de tiempo para hacerlo.
A la Fiscalía se le solicitó informar acerca de la clasificación y relación de bienes y activos de las antiguas Farc que se encuentren en extinción de dominio, con o sin medidas cautelares, así como información sobre los bienes y activos no inventariados.
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La Fiscalía también deberá informar si ha identificado otros bienes y activos de propiedad de antiguos miembros de las Farc que aún no hayan sido recuperados.
Sin embargo, el ente acusador manifestó que “la información relacionada con procesos de extinción de dominio tiene carácter reservado” y que por lo tanto es “jurídicamente imposible” que la Fiscalía cumpla con lo solicitado.
Por su parte, a la Superintendencia de Notariado se le solicitó la información acerca de los terrenos que tenían las Farc a través de testaferros y otras modalidades. Esa entidad reveló que el antiguo grupo guerrillero se adueñó hasta de zonas de parques naturales y de baldíos de la nación.
Además, la JEP tuvo en cuenta que el exsuperintendente Jairo Alfonso Mesa aseguró que los inventarios entregados por las Farc no están completos y que el grupo no entregó los bienes que verdaderamente tienen.
La entidad manifestó que la información consolidada por ellos “hace parte del archivo de la Fiscalía” y que por esa razón no pueden brindar los informes.
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El trámite para decretar las medidas cautelares sobre dichos bienes queda en espera mientras la JEP recibe la información requerida se levantará esa suspensión de términos. La Jurisdicción aseguró que los argumentos dados por estas entidades son inaceptables, toda vez que los derechos de las víctimas son objeto de todas las actuaciones de la JEP.
El Tribunal de Paz señaló además que cuenta con la autonomía y competencia para vincular a este tipo de trámites a entidades públicas, así como requerirles la información que sea necesaria.
Esta misma información les fue solicitada a Rodrigo Londoño conocido como 'Timochenko' y Pastor Alape, así como a otras entidades públicas.
