JEP amplía plazo para acreditar a más víctimas

El plazo inicialmente previsto fue modificado para darles más voz a las víctimas.
Presidenta de la JEP, Patricia Linares
Presidenta de la JEP, Patricia Linares. Crédito: Cortesía: JEP

Hasta el mes de marzo de 2021 tendrán las organizaciones de víctimas el plazo para que elaboren y presenten ante la Justicia Especial para la Paz los respectivos informes que corresponden a las afectaciones sufridas por el conflicto armado en nuestro país.

Ante la instancia denominada como Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, las organizaciones de víctimas indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom y de derechos humanos podrán presentar los informes correspondientes a su realidad en el marco del conflicto armado.

Con los informes las organizaciones de víctimas, pueden relatar desde su propia experiencia las situaciones que se desarrollaron en medio del conflicto armado y que terminaron afectándolos.

En contexto: Víctimas le pidieron a la JEP ampliar los términos para entregar informes

El plazo que inicialmente llegaba hasta el 15 de marzo de 2020 fue ampliado un año más a través del Auto No. 222 de 2019 con el objetivo de garantizar así los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de estas organizaciones.

A través de estos informes, la JEP podrá conocer los hechos con los que las organizaciones, a su juicio, reportan las violaciones de sus derechos humanos en el marco del conflicto armado. También la entrega de informes permite que, más adelante, las víctimas tengan la posibilidad de participar activamente en los respectivos procesos judiciales de esta Jurisdicción.

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A pesar de ampliar la fecha para las organizaciones de víctimas, la Sala de Reconocimiento mantuvo el plazo inicial, del 15 de marzo de 2020, para que las entidades del Estado entreguen sus informes a la JEP. A la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha recibido 214 informes, 101 han sido de organizaciones de víctimas y 113 han sido de instituciones del Estado.

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