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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinó anular el proceso disciplinario que se adelantó contra el Superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto González y el exsuperintendente Pablo Felipe Robledo, tras la sanción proferida contra el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, por el escándalo de la reventa de boletas para el Mundial de Rusia 2018.
Dicha investigación se originó de una queja que fue instaurada ante la desaparecida Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por parte Ramón Jesurún y el abogado de la Federación Colombiana de Fútbol, en lo que fue calificado como una especie de retaliación por las sanciones emitidas por la Superintendencia.
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“Declarar la nulidad de la presente actuación disciplinaria, a partir del auto del 18 de febrero de 2020, proferido por el magistrado Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal, perteneciente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, providencia mediante la cual esa corporación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra los doctores Pablo Felipe Robledo del Castillo y Andrés Bernardo Barreto González”, señala el fallo judicial.
La Comisión concluyó decretar la nulidad de toda la actuación de la Judicatura por cuanto el Superintendente no ejerció en este caso como abogado, ni como juez y por ello, nunca se debió abrir una investigación en su contra.
En su fallo la Comisión de Disciplina Judicial dejó en claro que la función administrativa de la Superintendencia, en lo disciplinario, es de competencia de la Procuraduría General de la Nación.
La sanción que originó esta disputa en los estrados, se produjo en julio de 2020, cuando Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas por un monto de 18 mil millones de pesos contra la Federación Colombiana de Fútbol, su presidente y otros directivos, dentro de un proceso por conducta anticompetitiva.
Un expediente en el que se concluyó que los sancionados, simularon una licitación para montar un esquema que permitió el desvío de miles de boletas hacia el mercado negro.
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Fueron 17 personas naturales sancionadas, además de las compañías Ticket Ya y Ticketshop por haber facilitado una conducta anticompetitiva que afectó a los consumidores, que en algunos casos pagaron sobrecostos de hasta el 350% por las boletas.
Según la SIC, el cartel de la boletería operó en tres fases: “En la primera fase se habrían ejecutado actos tendientes a favorecer la oferta presentada por Ticketshop y excluir del proceso de selección adelantado por la FCF a las demás empresas que participaron del mismo con la expectativa legítima de competir con el contrato”.
La segunda fase se relacionó con el desvío masivo de boletas con fines de reventa durante ocho partidos en los que la Selección Colombia jugó en condición de local en Barranquilla.
La tercera fase consistió en la operación logística que se desplegó, para la efectiva reventa de la boletería a precios superiores.
