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La Fiscalía General le solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia archivar la investigación contra el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez por los delitos de injuria, calumnia, actos de discriminación y abuso de autoridad.
La investigación preliminar se abrió por la denuncia presentada en diciembre por el Movimiento Ríos Vivos en la cual señalaban directamente a Pérez de incidir en las agresiones que se estaban presentando en contra de ellos por su oposición al proyecto de la hidroeléctrica Hidroituango.
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En la acción judicial se citaban las declaraciones hechas por el entonces mandatario departamental en contra de los opositores a dicha obra, acusándolo de afectar el desarrollo de la región mediante el saboteo y la presión para que se suspendieran todas las obras.
Para el Movimiento, en varias oportunidades Pérez los señaló directamente de generar obstáculos “para paralizar la obra”. Estas manifestaciones, indicaron en la denuncia, afectaron el buen nombre de los integrantes del Movimiento y afectaron el desarrollo de su trabajo.
Los denunciantes consideraban que se criminalizó la protesta que se estaba realizando en ese momento, justo cuando el proyecto hidroeléctrico enfrentaba una de sus mayores crisis por el desbordamiento del Río Cauca que afectó a muchas familias.
Sin embargo, la Fiscalía General consideró que pese a que si existieron las manifestaciones del Gobernador de Antioquia en contra de la organización, la denuncia fue presentada mucho tiempo después.
“Las declaraciones se registraron el 24 de abril de 2018, no obstante, la querella solo fue interpuesta el 13 diciembre de 2018. Es decir que la denunciante le pidió a la Fiscalía que investigara el hecho siete meses después, tiempo por fuera de la ley”, señaló el delegado del ente investigador ante la Corte Suprema de Justicia.
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Debido a esto se manifiesta que los términos para investigar una injuria y calumnia caducaron, puesto que este tipo de acciones suelen presentare en un tiempo corto. Igualmente, señaló que las acusaciones hechas por el mandatario no tienen un componente discriminatorio ni denigrante, por lo que no se cumple la definición de injuria o calumnia.
“El gobernador para entonces tampoco impulsó a alguien para cometer daños en contra de los integrantes de Ríos Vivos”, argumentó. En este sentido se indica que los comentarios hechos en plaza pública tenían como objetivo llamar la atención sobre la situación que se estaba presentando en ese momento.
En su petición se señala además que no existen méritos para abrir una investigación contra el exgobernador por los delitos de abuso de autoridad puesto y actos de discriminación puesto que no existen los méritos para vincularlo con estas actividades.
La Corte Suprema definirá el próximo 22 de abril si archiva el caso o por el contrario se continúa la investigación contra Pérez Gutiérrez.
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