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Son 234 millones de pesos los que recibirá el exfiscal Orlando Rafael Pacheco, después de que el Consejo de Estado condenara a la Fiscalía por haberlo mandado a la cárcel en el 2003.
Esa medida de aseguramiento se dio tras haber ordenado la libertad de 129 campesinos de varios municipios del departamento de Sucre que habían sido señalados, sin pruebas, de ser guerrilleros de las Farc.
Después de su decisión como fiscal, el ente investigador inició un proceso penal en su contra, que terminó con la privación de su libertad.
Su caso pasó por todas las instancias judiciales y, al llegar a la Corte Suprema de Justicia, el exfiscal fue absuelto, pues no había pruebas de que hubiera cometido algún delito.
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Por los mismos hechos, fue investigado y juzgado disciplinariamente por el Consejo Superior de la Judicatura, organismo que también lo absolvió ese mismo año.
Por permanecer preso tres años, el exfiscal inició un proceso de demanda contra el Estado, proceso que ganó y por el que ahora recibirá una millonaria indemnización.
Sin embargo, ese camino no fue fácil. Su petición fue negada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, “al considerar que la medida de aseguramiento que se le impuso se encontraba justificada”.
El fallo fue apelado y, al llegar al Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata, dicha decisión fue tumbada y además se condenó a la Fiscalía.
“Se le generó un daño especial y grave al fiscal, quien no estaba obligado a soportar ese perjuicio”, señala la sentencia, al encontrar que se comprobó el daño al buen nombre que sufrió el exfiscal.
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“Quedó demostrada la afectación sicológica que sufrieron el exservidor y su familia, por amenazas de grupos paramilitares, al punto de obligarlos a trasladarse definitivamente de Sincelejo a Bogotá”, se indica en el fallo.
Por eso, el Consejo de Estado además ordenó a la Fiscalía en cabeza de Francisco Barbosa, pedir excusas a su exfuncionario.
“Está obligada a elaborar un escrito en el que pida disculpas al afectado y explique que la medida de aseguramiento que se le impuso no obedecía a que en realidad hubiese incurrido en un delito”, apuntó.
