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El exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso, es señalado por la Fiscalía General de haber incurrido en graves irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escoblar durante su corta administración (junio de 2014-diciembre de 2015).
En ese sentido, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó al exmandatario los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado en favor de terceros.
Los hechos investigados están relacionados con supuestas anomalías detectadas en el trámite, celebración y liquidación de dos contratos: el primero de ellos es suscrito para la ejecución del Plan de Alimentación Escolar a través del consorcio ‘Nutriendo Escolares de La Guajira’, el 19 de marzo de 2015.
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El contrato tenía por objeto el suministro de complementos en la mañana y almuerzos para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de 15 municipios, durante 125 días.
“A este contrato se le hizo una adición, con la que el valor total ascendió a $41.064’418.760. En todo el proceso se habrían presentado múltiples inconsistencias, entre estas, once supuestas deficiencias en los estudios técnicos y de precios que, al parecer, no sustentaban los costos, números de raciones previstas, instituciones y cantidad de alumnos beneficiados, entre otros aspectos”, aseguró el representante del ente investigador.
En la imputación se indicó que hay evidencia que no se realizó una consulta previa con las comunidades indígenas, ni se dispuso de condiciones y lugares adecuados para que los estudiantes tomaran sus alimentos, por lo que, en muchos casos, lo hicieron en las aulas, de pie, en el piso o al aire libre.
En las etapas precontractual y contractual, supuestamente se incumplieron los requisitos de ley, además, peritos contables del CTI detectaron aparentes sobrecostos por más de 13.200 millones de pesos.
En las verificaciones se acreditó que la Gobernación de La Guajira pagó $1.759 por cada complemento de la mañana, un valor superior al definido por el Ministerio de Educación, de $971 la unidad. De otra parte, por almuerzo el departamento pagó $2.097, por encima de los $1.320 establecidos por el Gobierno Nacional.
Finalmente, las inspecciones dan cuenta de que el contrato no ha sido liquidado, pese a que han pasado cinco años desde que fue celebrado por las partes.
El otro contrato cuestionado fue suscrito el 6 de mayo de 2015 con la ‘Unión Temporal Anas Watta Kai’, y buscaba garantizar la prestación del servicio de transporte escolar para la población infantil de bajos recursos.
Su valor ascendió a $9.310.604.160, con un plazo de ejecución de 88 días. Para la Fiscalía, en este proceso se habría descalificado a otro oferente que tenía la capacidad de cubrir el objeto del contrato y, mediante diferentes actuaciones, presuntamente se favoreció a la unión temporal.
El material de prueba indica que, al parecer, tampoco hubo estudios previos de rigor sobre el número y tipo de vehículos necesarios, ni las instituciones o alumnos a cubrir.
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“Llamó la atención que para la prestación del servicio se incluyeron municipios fuera de la cobertura del departamento y del resorte de otras gobernaciones, como El Paso (Cesar), ubicado a 367 kilómetros de Riohacha, capital de La Guajira”, anotó el ente acusador.
Este es la segunda investigación que la Fiscalía adelanta contra el exgobernador Ballesteros Valdivieso; en la primera, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
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