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Durante más de cuatro horas, la Fiscalía General de la Nación narró las aparentemente irregularidades que habría cometido tanto el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle y otros diez exfuncionarios de la administración 2020 - 2023 en esta ciudad, con respecto al lote Aguas Vivas, ubicado entre El Poblado y la Av Las Palmas.
En el caso del exalcalde Daniel Quintero, este fue imputado por los presuntos delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción. Junto a él, otros exfuncionarios también fueron imputados por el ente acusador.
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De acuerdo con la fiscal, los señalados cometieron reiteradas irregularidades en favor de terceros. Aseguró que los procesados pretendieron comprar un lote que ya era propiedad del Estado, haciendo alusión al mencionado lote de Aguas Vivas.
La jornada tuvo dos momentos: primero fue el turno para la imputación de Carlos Mario Montoya, Karen Viviana Delgado, Sergio Andrés López, Natalia Andrea Jiménez, Alethia Carolina Arango y Leidy Jiménez Echavarría, quienes -según la fiscal- actuando como servidores públicos mediante acuerdo común y con división de "trabajo criminal" se interesaron indebidamente en la modificación del contrato del discutido lote.
En un segundo momento, el ente acusador imputó al exalcalde Daniel Quintero y a Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario General de la Administración de Medellín durante su gobierno, aparentemente como presuntos responsables de los delito de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.
Así mismo, imputó por peculado por apropiación a José Fernando Rueda Salazar, quien se desempeñó como el representante legal de Técnicas Constructivas.
Seguida de este, fue la imputación de Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y otro particular identificado como Juan Manuel Villegas Márquez.
El sustento de la Fiscalía, en el caso del exalcalde fue que este, al parecer, favoreció a privados con el lote de Aguas Vivas, no solo por el retorno irregular cuando el bien ya hacía parte del distrito, sino, por no impartir control sobre el mismo.
De igual forma, el ente acusador dijo que el exalcalde desconoció "de manera directa y arbitraria”, las competencias para cambiar el uso del suelo del lote Aguas Vivas, expidiendo el decreto 412 de 2023, por medio del cual se reglamenta el Valle del Software y se permitía otro tipo de construcciones de carácter comercial en este lugar.
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Así mismo, la Fiscalía reiteró que el lote Aguas Vivas inicialmente estaba valorado en unos 2.700 millones de pesos y, finalmente, obtuvo un avalúos superior a los 42 mil millones de pesos.
Sin embargo, durante la jornada se aseguró que por este lote se pretendió pagar 54 mil millones de pesos cuando, al parecer, este ya había sido recibido por el Distrito de Medellín.
Durante la intervención de la fiscal se conoció, además, que los procesados en caso no aceptar cargos, podría recibir una condena de hasta 64 y 216 meses de prisión.
Hay que decir que, dicha audiencia de imputación de cargos se dio ante el juzgado 50 penal municipal con función de garantías del circuito de Medellín.
Además, hay que mencionar que, inicialmente, de la diligencia judicial tuvieron que retirarse las demandadas Ingri Vanesa González y Yina Marcela Pedraza, quienes no presentaron abogado, puesto que este coincidió con otro proceso en la ciudad de Cali.
Finalmente, el juez del caso decidió aplazar la audiencia para el próximo lunes 21 de abril, a partir de las 2:30 de la tarde, todo con el propósito de validar las solicitudes de las defesas de los procesados.
