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La Fiscalía General le imputó los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación al gobernador de Guainía, Javier Eliécer Zapata Parrado por su presunta participación en el desvío de millonarios recursos del departamento.
El mandatario departamental, quien renunció a su cargo en medio de la audiencia, fue señalado de haber direccionado y entregado de manera directa cerca de 45 contratos, por un valor de 86 mil millones de pesos. Esta situación generó un desfalco en las finanzas del Guainía puesto que la mayoría de las obras contratadas nunca se realizaron.
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El fiscal del caso señaló que Zapata habría celebrado de manera irregular los contratos de suministro y obras públicas con las empresas Marina del Oriente, Grupo M.S.I., Fundación Tecnológica Social e Ingeniería WH SAS. sin adelantar ningún tipo de licitación pública.
Estos hechos se habrían presentado entre los años de 2013 y 2017. Debido a la gravedad de los hechos investigados, el riesgo de fuga y la afectación que podrían presentarse, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, ordenó su captura y enviarlo a la cárcel.
Por estos mismos hechos fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario el exgobernador Óscar Armando Rodríguez. Los dos procesados fueron trasladados al pabellón de servidores públicos en la cárcel La Picota de Bogotá.
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En octubre pasado, fue enviado a prisión el alcalde de Puerto Inírida, Camilo Andrés Puentes Garzón y otros cuatro contratistas, quienes se habrían visto beneficiados con el accionar ilegal del gobernador.
Detalles de los contratos
La Fiscalía General reveló que las irregularidades en el proceso de contratación en el departamento iniciaron en la gobernación de Óscar Armando Rodríguez Sánchez. En ese momento Javier Eliécer Zapata era su secretario de Gobierno.
En el 2013, se "concertaron" para la suscripción, administración y ejecución de cinco contratos y una interventoría para la construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado en diferentes localidades del corregimiento de Barrancominas en el municipio de Inírida (Guainía).
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Los recursos por cerca de cinco mil millones de pesos fueron destinados por los Ministerio de Ambiente y Vivienda, a partir de la celebración del convenio 048 de 2009 para la implementación y ejecución del Plan Departamental de Aguas.
Este proyecto se siguió ejecutando irregularmente en la gobernación de Javier Eliecer Zapata Parrado.
La investigación estableció que durante la etapa precontractual se habrían seleccionado los contratistas, y con la presunta colaboración de la interventora habrían cambiado los diseños y condiciones del contrato, logrando así alterar la ejecución de los mismos, por lo cual, al día de hoy, ninguno de los acueductos se encuentra en funcionamiento.
