Funcionarios de la UNP son investigados por la Procuraduría por caso de disidentes

Continúa el escándalo que involucró a disidentes de las Farc y a escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Antioquia. Ahora, la Procuraduría General de la Nación informó que abrió indagación contra funcionarios por determinar de la UNP.

"De acuerdo con el ente de control, luego de conocer la noticia a través de diferentes medios de comunicación, se destacó que se procederá a individualizar a los presuntos autores de conductas con relevancia que podrían ser objeto de investigación”, informó la Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado.

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El ente de controlagregó que solicitará el manual, los protocolos y todas las resoluciones que regulan la protección de personas bajo la figura del cese al fuego en el proceso de negociación entre el Estado colombiano y el Estado Mayor Central.

De igual forma, la Procuraduría General de la Nación confirmó que también se indagará la Consejería del Comisionado de Paz, con el propósito de conocer las resoluciones que dieron vía libre par que miembros de las disidencias de las Farc estuvieran autorizados para movilizarse en vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección.

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Recordemos que durante la noche de este jueves, un juez de control de garantías le imputó delitos a tres de los dieciocho disidentes de las Farc que tenían pendiente su judicialización tras versen involucrados en el escándalo de la caravana.

Se trata de Wenser Zabala Duque, alias Oliver González; Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu y María Alejandra Ojeda a quienes mediante una audiencia privada, les fueron leídos los delitos por los cuales se les acusa y, en los próximos días, la Fiscalía General de la Nación solicitará medida de aseguramiento.

De acuerdo con el Juzgado Tercero Penal Municipal de Garantía Ambulante de Antioquia, a alias Firu, le fueron imputados los delitos de homicidio agravado, terrorismo, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.

Mientras que a alias Oliver González y María Alejandra Rueda se les imputó el delito de porte ilegal de armas de fuego.