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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) explicó los procedimientos adoptados frente al adolescente de 17 años que entregó información sobre el atentado contra Miguel Uribe y que posteriormente abandonó el centro de emergencia donde se encontraba bajo custodia. La directora de la entidad, Astrid Cáceres, señaló en entrevista con La FM que el menor no se había entregado voluntariamente, sino que llegó tras ser remitido por la Fiscalía y la Policía de Infancia.
¿Qué medidas tomó el ICBF con el adolescente?
Cáceres aclaró que el joven no fue retenido por el sistema penal juvenil, sino acompañado por protocolos de restablecimiento de derechos. Explicó que “la Fiscalía lo entrevista en compañía de nuestros defensores de familia”, dado que la ley exige presencia institucional cuando no hay un adulto responsable.
Posteriormente, el menor fue trasladado a un centro de emergencia, donde podía permanecer hasta ocho días mientras se definía su proceso de restablecimiento y se buscaba a su familia. La directora señaló que estos espacios cuentan con medidas básicas de seguridad, pero no con presencia policial permanente: “nuestros sitios tienen las condiciones de seguridad que tiene cualquier establecimiento donde hay niños, pero no son establecimientos con control policial”.
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Sobre el eventual riesgo por la información que el adolescente poseía, Cáceres indicó que el análisis de protección de testigos corresponde a la Fiscalía: “es la Fiscalía quien determina si esas declaraciones requieren un mecanismo especial de protección”. En este caso, dijo, no se dispuso de un programa diferencial.
Cómo salió el adolescente del centro de emergencia
La directora del ICBF confirmó que la salida del joven no siguió los protocolos habituales. Señaló que “fue un abandono irregular, no salió acompañado de un adulto responsable”. Agregó que el adolescente saltó una barda para dejar el lugar, por lo que no se trató de una salida autorizada.
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Pese a ello, Cáceres insistió en que no debía calificarse como fuga en el sentido penal, pues el menor no estaba privado de la libertad. “Si damos el mensaje de que está fugado, cuando ni siquiera está acusado ni atrapado, será más difícil su colaboración y acompañamiento”, explicó.
Respecto a las declaraciones del joven, la funcionaria precisó que ya había tenido varias entrevistas con la Fiscalía, en las que aportó la información que consideraba pertinente. “El adolescente se comprometió a dar otras declaraciones en diferentes momentos”, señaló.
Cáceres también mencionó que el ICBF no definió el ingreso del menor al programa de protección de testigos, ya que esa es una decisión exclusiva de la Fiscalía. Según dijo, su ingreso a un centro de emergencia respondió únicamente a la falta de un adulto acompañante y a la necesidad de garantizar un proceso de restablecimiento de derechos.
La directora concluyó que la coordinación inicial estuvo a cargo de la Fiscalía y la Policía: “quien primero se entera del chico es la Fiscalía, y ellos lo ponen después a disposición de la policía, que no encuentra ningún adulto responsable y lo lleva a bienestar familiar”.
