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Aduciendo vencimiento de términos, la defensa del expresidente de la Corte Suprema, Francisco José Ricaurte radicó una solicitud de libertad dentro del proceso que se le adelanta por el denominado escándalo del ‘cartel de la toga’.
En la petición, se manifiesta que ya se pasaron los límites que establece la ley para la presentación del escrito de acusación hasta el inicio del juicio formal, situación por la cual considera que se le han vulnerado sus derechos procesales.
Fuentes cercanas al proceso le manifestaron a RCN Radio que la FIscalía General se opondrá a los argumentos asegurando que las audiencias preparatorias se han visto afectadas debido a las maniobras dilatorias que ha ejecutado la defensa del expresidente de la Corte.
En este sentido señalaron que existen registros de los aplazamientos de las audiencias por recusaciones y solicitudes de pruebas de manera extemporánea, situación por la que el juez de conocimiento ha tenido que verse obligado a aplazar las diligencias.
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Mientras que la defensa de Ricaurte sostendrá que la Fiscalía le ha ocultado elementos materiales de prueba y la práctica de testimonios que considera fundamentales para demostrar la inocencia del exmagistrado.
El exmagistrado, quien se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota desde septiembre de 2017, ha manifestado en repetidas oportunidades que es inocente de los hechos materia de investigación.
La Fiscalía General lo llamó a juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y utilización indebida de información.
En el escrito de acusación el ente investigador citó la declaración del exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno y el abogado penalista Leonardo Pinilla, conocido con el sobrenombre de 'Porcino'.
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En 2017, Moreno aseguró ante la Corte Suprema que siendo abogado litigante él era el encargado de exigir y presionar la entrega de millonarias comisiones a aforados constitucionales que afrontaban investigaciones en el alto tribunal con el fin de desviar o archivar los casos.
Entre estos casos se encontraba el del entonces senador Musa Besaile a quien le habría exigido una suma cercana a los seis mil millones de pesos con el fin de cancelar una orden de captura en su contra en el proceso que se le adelantaba por la 'parapolítica'.
Ricaurte -quien ya no se encontraba en la Corte puesto que su elección había sido anulada- aprovechaba su cercanía y poder con otros magistrados para realizar estas actividades ilegales.
De este entramado criminal también hicieron parte los entonces magistrados de la Sala de Casación Penal, Leonidas Bustos y Gustavo Malo.
