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La FM conoció en primicia que hace dos semanas la Fiscalía solicitó a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia investigar al actual gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, por su presunta participación en actos de corrupción al interior del hospital de Ábrego, en Norte de Santander.
La decisión se basó en el testimonio de la gerente del hospital, Melissa Llian Gómez, quien le aseguró a la Fiscalía que, en su despacho, el gobernador impartió instrucciones para repartir la contratación del hospital.
Según el testimonio de Gómez, 30% de los contratos le correspondían al gobernador Villamizar; el 50% al representante a la Cámara por Norte de Santander, Wilmer Carrillo y el 20% al también representante por el departamento Ciro Rodríguez.
La FM tuvo acceso a la ampliación de interrogatorio de Gómez, quien está en busca de un principio de oportunidad. En éste, además la gerente relató cómo el congresista Carrillo recibiría pagos mensuales por el valor de 20 millones de pesos, a cambio de mantener uno de los contratos.
Gómez aseguró que en el hospital no se realizaba una sola contratación sin el aval del gobernador Villamizar. Por este caso ya hay siete personas capturadas.
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El caso en la Fiscalía
El martes 12 de junio de 2018, el Juzgado Primero Penal Ambulante de Cúcuta (Norte de Santander) acogió la petición de la Fiscalía e impuso medida no privativa de la libertad para las tres procesadas que prestan sus servicios para el ESE Hospital Noroccidental de Ábrego, en el mismo departamento, por las presuntas irregularidades encontradas en diferentes procesos contractuales.
La decisión del juez ordenó la comparecencia mensual, la prohibición para salir del país y el pago de una fianza. Las hoy procesadas, identificadas como Melisa Andrea Llain Gómez, gerente del hospital; Camila Vanesa Torrado Vergel, subgerente; y Claudia Coronel Barriga, asesora jurídica externa del ESE, fueron capturadas por el CTI de la Fiscalía el pasado 6 de junio.
A Llain Gómez y Coronel Barriga, el ente acusador les endilgó los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, mientras que a Torrado Vergel le imputó solo el primer cargo.
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Presuntamente las investigadas se apropiaron de los recursos de contratos para el suministro de combustible de las ambulancias del hospital, así como del contrato de obra civil No. 053 entre los años 2016 y 2017. La defraudación se calcula en $3.000 millones.
