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El ente acusador asegura que tiene el suficiente material probatorio para demostrar la responsabilidad de Rozo en los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Según la Fiscalía General de la Nación, la esposa del exgobernador fue la que sirvió de intermediaria para hacer efectivo el pago de un soborno de 2 mil millones de pesos al procurador Hernán Jovel para entorpecer la investigación por el carrusel de la contratación.
Cabe recordar que un juez cobijó al exdirigente departamental con medida de aseguramiento enviándolo a la cárcel de máxima seguridad La Picota.
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Una jueza le imputó a Álvaro Cruz, los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de confianza y soborno, dentro del escándalo del 'carrusel de la contratación' en la capital del país.
Cabe anotar que Cruz Vargas renunció a su cargo el 11 de agosto anterior, teniendo en cuenta las investigaciones que le adelanta la Fiscalía General de la Nación. Cruz tendrá que esclarecer presuntas irregularidades que se presentaron cuando era representante de la empresa ICM.
De acuerdo con el ente acusador “la empresa ICM se encargaba de la entrega de asfaltos y pavimentos a la Unidad de Mantenimiento Vial para el reparcheo en las calles”.
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Los hechos se circunscriben a que, durante los meses de diciembre de 2009 a febrero de 2010, Cruz habría entregado dinero a funcionarios públicos de la Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación Vial de Bogotá, y a concejales de la ciudad que manejaban la mencionada entidad, con el fin que se favoreciera en la ejecución de los contratos de suministro de asfalto y emulsión asfáltica, a la Unión Temporal Asfaltos 2009, compuesta por la empresas ICM Ingenieros e Incoasfaltos, la cual fue adjudicataria del contrato 193 de 2009, por un valor total de 23.000 millones de pesos.
Los dineros presuntamente entregados ascendieron a la suma aproximada de 800 millones de pesos y fueron obtenidos del anticipo entregado por la entidad pública para la ejecución del mencionado contrato.
En cuanto a Hernán Jovel Muñoz, el procurador involucrado en este caso, la Fiscalía señala que éste funcionario habría sido el contacto de Cruz en el ministerio público, para entorpecer el proceso disciplinario. Se dice que el procurador Muñoz, supuestamente, recibió cerca de 2 mil millones de pesos de soborno por parte del exdirigente departamental.
