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Colprensa
8 Jun 2017 12:56 PM

Fiscalía imputa cargos contra 11 contratistas de Colpensiones

Ante un juez de la República, la Fiscalía General de la Nación adelanta la imputación de cargos en contra de 11 contratistas de Colpensiones, señalados de crear historias laborales falsas.
La
Fm

En los Juzgados de Paloquemao en Bogotá, un representante de la Fiscalía expone las pruebas para demostrar la responsabilidad de los contratista por los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir, estafa agravada, violación de datos personales, falsedad material en documento público.

De acuerdo con las investigaciones, se trata de los contratistas: Leidy Viviana Ayala Bonilla, Johanna María Tabera, Iván Leonardo Luz Molano, David Fernando Quiñones Morato, Deisy Jazmín Salgado Cortés, Néstor Fernando Vallejo Jaramillo y Liana Alejandra Murillo Torres, Yeni López Barrio, Viviana Paola Rejos Fernández y Diana Marcela Rojas Muñoz.

Las personas nombradas anteriormente fueron capturadas en un operativo que adelantó la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Policía Nacional. De acuerdo con las pesquisas, se habría logrado establecer que el desfalco supera los 5 mil millones de pesos.

Las autoridades también revelaron que los contratistas creaban historias falsas laborales de personas que no estaban afiliadas al sistema de Colpensiones, con una cotización de más de 1.000 semanas.

La vicefiscal María Paulina Riveros señaló que, según la investigación, en esta estructura delincuencial se evidenció la asignación de roles y funciones para la modificación ilícita de los sistemas de información de la entidad, a través de los cuales en los últimos tres años lograron reconocer 174 pensiones con sus respectivos retroactivos.

A su turno, el subdirector de la Policía de la DIJIN, Pablo Ferney Ruiz Garzón, indicó que gracias a la denuncia y el trabajo articulado con la Fiscalía y Colpensiones, se evitó un detrimento de más de 33 mil millones de pesos, que serían pagados con esta misma modalidad.

Los investigadores también establecieron que los capturados cobraban entre 10 y 100 millones de pesos por realizar los trámites ilegales, dependiendo del monto a reconocer por concepto de la pensión.