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El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General por privar injustificadamente de su libertad al entonces contralmirante Gabriel Arango Bacci en el marco del proceso penal que se le adelantó en 2008 por presuntamente tener vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
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Arango Bacci, quien estuvo privado de su libertad por 16 meses, fue absuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema después de comprobar que existían pruebas falsas y testigos manipulados.
En 2008, siendo director de Cotecmar en Cartagena, Arango Bacci fue señalado por los delitos de enriquecimiento ilícito y nexos con narcotraficantes. Esto al considerar que había entregado información relevante a organizaciones de narcotraficantes sobre rutas para que pudieran mover la droga a cambio de altas sumas de dinero.
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La prueba clave del caso era un documento firmado por el mismo contralmirante con las cartas de navegación para los narcotraficantes. La Corte determinó que dicha letra y firma no coincidía y, por obvias razones, el documento había sido falsificado.
Después de recuperar su libertad en diciembre de 2009 el almirante anunció una demanda contra la Nación por lo que consideró una violación al derecho al debido proceso.
En 2014, en primera instancia, el Tribunal Administrativo le negó sus pretensiones. La defensa de Arango apeló y el Consejo de Estado concluyó que en efecto se le había privado injustamente de su libertad.
"(...) si bien la Fiscalía al momento de decretar la medida preventiva sostuvo que ésta era necesaria para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, evitar entorpecer la actividad probatoria y la continuación de su actividad delincuencial, lo cierto es que tal razonamiento se dio en el marco de la generalidad y no la sustentó con base en argumentos convincentes y elementos materiales probatorios respecto del señor Arango Bacci, que dieran cuenta que, en efecto, aquél pretendía evadir su presencia en la investigación, ocultar evidencia o que procuraba seguir con la presunta comisión de los punibles. Es preciso advertir que esta medida debía estar debidamente justificada por tratarse de un instrumento que restringe el derecho fundamental a la libertad", precisa uno de los apartes del fallo de 38 páginas.
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La Fiscalía General deberá reparar económicamente a Arango Bacci, su esposa, sus tres hijos y varios familiares por los daños morales y materiales sufridos durante el tiempo que estuvo privado de su libertad. La cifra de la indemnización alcanza los 170 millones de pesos.
Igualmente determinó que el ente acusador deberá ofrecerle excusas al almirante Arango Bacci "a título de reparación no pecuniaria de los derechos al buen y dignidad humana, la Nación-Fiscalía, a través de una misiva personal dirigida".
En su debate jurídico el máximo tribunal de lo contencioso administrativo cuestionó la forma en cómo se adelantó la investigación contra el contralmirante y las pruebas que se utilizaron para ordenar su captura y medida de aseguramiento.
