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La Fiscalía General de la Nación adelantó un gigantesco operativo en Bogotá y otros cuatro departamentos del país, en el que embargó bienes por más de $100.000 millones de pesos pertenecientes a una red criminal que lavó de manera sistemática activos en Colombia y Panamá, a través de diferentes maniobras financieras como la compra de bienes muebles e inmuebles, entre 1997 y 2000.
En el marco de las investigaciones, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo y secuestro sobre 59 bienes avaluados en más de 109.000 millones de pesos, que estarían a nombre de cuatro integrantes de la red criminal y algunas personas cercanas.
Los operativos de embargo de estas millonarias propiedades fueron realizados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, en diligencias adelantada en en Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico), San Jacinto del Cauca (Bolívar), Ayapel y La Apartada (Córdoba).
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Los bienes afectados con fines de extinción de dominio están representados en 45 inmuebles, entre estos predios urbanos, fincas, casas de recreo y edificios; 4 establecimientos de comercio, 4 sociedades y 6 vehículos.
La Fiscalía dejó a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) los bienes embargados para su respectiva administración y custodia.
Los investigadores indicaron que lo dueños de los bienes fueron capturados, judicializados y condenados por participar en un esquema de operaciones financieras ficticias y permitir el traslado de grandes sumas de dinero.
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De acuerdo con los fiscales a cargo de este proceso, se logró determinar que las grandes sumas de dinero detectadas a los capturados no correspondían a su perfil económico y por el contrario, generaron un incremento injustificado en su patrimonio.
