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La Fiscalía General radicó el escrito de acusación en contra de la exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Establecimientos Carcelarios (Uspec), María Cristina Palau Salazar por los presuntos hechos de corrupción que se presentaron en la entrega de contratos para la remodelación de dos cárceles.
En el documento de 52 páginas se advierte que se presentaron graves irregularidades en la entrega de millonarios contratos para el mantenimiento de cárceles por un valor cercano a los 400.000 millones de pesos.
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Palau le habría solicitado millonarios sobornos y comisiones a contratistas y empresarios para garantizar la entrega directa y dilaciones de estos contratos. Para esto incluso se fijó una fórmula de porcentajes que debía ser cumplida al pie de la letra.
“(Palau buscó) Dar ventaja a las empresas a las que ella quería favorecer respecto a las contrataciones que saldrían mediante licitación pública”, señala el ente investigador al manifestar que este contrato tenía interventoría del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
Debido a esto deberá responder por los delitos de delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito.
En el escrito de acusación se advierte que en Fonade se creó una verdadera “empresa criminal” dirigida a la entrega de contratos de manera directa. En esta estrategia participaron varios funcionarios que serían “cuota política” de los exsenadores Musa Besaile (procesado por el ‘cartel de la toga’ y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, condenado por Odebrecht)”.
"Al interior del Fonade se estructuró una asociación criminal la cual tenía como finalidad favorecer a particulares", concluye la Fiscalía General en el documento al citar la declaración de varios contratistas que fueron presionados al pago de sobornos para resultar beneficiados.
El primer hecho está vinculado con una serie de contratos relacionados con viviendas para nueve departamentos, en el cual se pagaron millonarias coimas.
Considera que en el contrato para la construcción de viviendas en nueve departamentos, dicha “organización criminal” obtuvo una serie de contratos de interventoría por un valor cercano a los 16.000 millones de pesos.
Por estos hechos fueron llamados a juicio Juan Carlos Montoya, exfuncionario de la Uspec y exfuncionario de Fonade; Héctor Julio Álvarez, exsecretario de infraestructura departamental de Córdoba; y Hugo Bula Mercado, exfuncionario de Fonade.
Todos los llamados a juicio se encuentran actualmente privados de su libertad en centros carcelarios de Bogotá.
