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El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que en la actualidad los investigadores analizan un total de 350 abonados telefónicos a los cuales se les realizaron presuntamente interceptaciones ilegales, por parte de la nueva red criminal de la que hacía parte el capturado fiscal Fabio Martínez Lugo.
Martínez Neira indicó en entrevista RCN Radio que todas líneas hacen parte de las carpetas judiciales que están siendo objeto de minuciosas pruebas técnicas por parte de peritos expertos en la materia.
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"Hemos priorizado el análisis de 350 casos para identificar uno a uno. Es una labor muy compleja porque nos toca establecer en cada carpeta cuál es el motivo de la investigación, cómo se dispuso la interceptación telefónica y mirar los elementos que llevó a que se decretara esa interceptación", dijo Martínez Neira.
Asimismo, señaló que de acuerdo con los registros judiciales preliminares, muchos de estos casos estarían relacionados principalmente con un espionaje industrial.
"Por la experiencia que hemos tenido claramente se encuentra que hay casos de espionaje industrial que es algo que uno creía que sólo existía en las películas. Incluso hemos encontrados departamentos de espionaje industrial en las empresas", manifestó el fiscal general.
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También explicó que los peritos han encontrado casos que están ligados con espionaje por temas de relaciones labores y amorosas que están siendo objeto de la respectiva indagación.
A control interno las 80 salas de interceptación
Igualmente, advirtió que los investigadores tienen la indicación de llegar hasta las ultimas consecuencias en relación con este escándalo que terminó por salpicar a funcionarios de la misma entidad.
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"Esta es una investigación que a penas empieza al interior de la Fiscalía pero tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, porque como lo he dicho esta manifestación ilícita tiene que estirparse de la Fiscalía", indicó Martínez.
El fiscal general reportó que también se ordenó adelantar un control interno a todas las 80 salas de interceptaciones telefónicas para verificar como vienen operando y establecer si se presentaron o no otras irregularidades relacionadas con otras posibles chuzadas ilegales.
"A través de nuestra oficina de control interno estamos llevando a cabo una investigación a todas las 80 salas de interceptación de la Fiscalía y ya hemos encontrado estos hechos probados. Pero, lamentablemente, seguimos avanzando en circunstancias que nos indicarían que podría haber acontecido en otros casos", explicó el fiscal Martínez.
¿Chuzadas a ACDAC, Enel-Codensa y Corte?
De igual forma, sostuvo que hay instrucciones para avanzar en las investigaciones que permitan saber quiénes eran lo beneficiarios de las interceptaciones telefónicas de que fueron objeto, entre el 18 de diciembre de 2017 y el 16 de enero de 2018, los miembros de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), como el capitán Julián Pinzón.
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También confirmó que se detectaron, entre junio y agosto de 2018, interceptaciones ilegales a los teléfonos del presidente para Latinoamérica del Grupo Enel - Codensa, Lucio Rubio Díaz, así como de Jorge Flores y al abogado Felipe Jaramillo Londoño.
Este último fungía como apoderado de un señor de apellido Ocampo Arias, en un proceso contra la empresa de energía eléctrica de Bogotá.
Agregó que aunque por el Sistema de la Plataforma Esperanza no se hallaron registros de interceptaciones telefónicas a los magistrados de la Corte Constitucional, se ordenó avanzar en nuevas pruebas técnicas con las empresas de telefonía celular para determinar si ha existido un redireccionamiento de las comunicaciones.
"Si se lograse establecer que hubo una redireccionamiento de las comunicaciones en relación a alguno de los magistrados, implicaría que habría existido una interceptación ilegal y esa es una hipótesis en la cual está trabajando el fiscal Fabio Espitia", enfatizó Martínez Neira.
