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La Sala Plena del Consejo de Estado definirá en los próximos días la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por el fallo que emitió en 2003 la Procuraduría General en contra del general (r) Mauricio Santoyo Velasco por su responsabilidad en seguimientos e interceptaciones ilegales cuando fungió como director del Gaula en Medellín.
El oficial en retiro pidió que se revise este caso teniendo en cuenta que en el año 2006 el mismo Consejo de Estado anuló provisionalmente los efectos de dicha sanción por lo que Santoyo continuó su carrera y pudo lograr su ascenso en el año 2007.
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El Consejo de Estado deberá determinar si el fallo de la Procuraduría General fue legal o no. En caso de que se determine que dicha decisión se ajustó a los parámetros legales y constitucionales, se levantará la suspensión de la sanción y quedará en firme la destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos.
El general Santoyo fue sancionado por ordenarle a sus subalternos la interceptación de casi 1.800 llamadas telefónicas con una orden judicial falsa. Para poder acceder a los bancos de chuzadas, el oficial del Ejército indicó que se adelantaba una investigación en contra de organizaciones criminales en Medellín.
Sin embargo, en el proceso disciplinario se estableció que dichas líneas telefónicas eran de defensores de derechos humanos y líderes sociales que, en muchos casos, habían denunciado las acciones ilegales de grupos paramilitares con agentes de la Fuerza Pública en la ciudad.
La información obtenida en esas ‘chuzadas’ le fue entregada a grupos paramilitares. Este grupo armado ilegal ordenó el asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) el 19 de mayo de 1997 en Medellín.
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En 2012, el general Santoyo se entregó ante las autoridades de los Estados Unidos que lo requerían por delitos relacionados con el narcotráfico y vínculos con grupos paramilitares. Tras aceptar cargos, el exjefe de seguridad en el primer mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado a 13 años de prisión.
Tras la firma de un acuerdo de colaboración con las autoridades de los Estados Unidos, el oficial en retiro logró una rebaja de pena de siete años y ocho meses de cárcel. En dicho acuerdo, Santoyo se comprometió a entregar información sobre otros militares que tendrían vínculos con estas organizaciones ilegales.
El pasado 11 de marzo, el general (r) cumplió su pena y recuperó su libertad y está a la espera del proceso de deportación a Colombia. Sin embargo, la defensa del militar presentará un recurso con el fin que se pueda quedar en Estados Unidos junto a su familia argumentando motivos de seguridad y protección.
El general en retiro tiene pendientes en Colombia una serie de indagaciones entre las que se encuentra su presunta participación en la desviación de la investigación del crimen del periodista Jaime Garzón Forero –registrado el 13 de agosto de 1999- así su conocimiento en el plan para atentar contra Elsa Alvarado y Mario Calderón y la desaparición de dos jóvenes en Medellín –octubre de 2006-.
El oficial fue señalado por varios excomandantes paramilitares (Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra’) de haber tenido una activa participación en las acciones adelantadas por este grupo armado ilegal.
