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El juez 19 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó las solicitudes de revocatoria de medida de aseguramiento y sustitución de medida de aseguramiento a María Cristina Palau, exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Establecimientos Carcelarios (Uspec).
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Uno de los argumentos que tuvo el abogado Jaime Lombana, defensor de la procesada, fue que se habían superado los términos para que se iniciara un juicio en contra de Palau; también había pedido que se le cambiara la medida de aseguramiento intramural, por la domiciliaria al manifestarle al juez que su defendida, es madre de dos niñas, una de las cuales requiere mayor atención por su corta edad.
No obstante el funcionario judicial expresó que, el defensor no había argumentado por qué debían ser otorgadas las medidas.
"La sustitución de la detención preventiva ( ...) está prohibida para delitos como los que fueron imputados a la señora María Cristina Palau Salazar, específicamente el delito de interés indebido en la celebración de contratos", explicó la Fiscalía.
La exfuncionaria, quien se encuentra desde el pasado 11 de abril en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, enfrenta un proceso penal por presuntamente haber exigido el pago de millonarios sobornos para entregar contratos de la Unidad para la construcción y adecuamiento de cárceles.
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Palau fue denunciada en 2017 por un contratista quien señaló que la funcionaria le había exigido el pago de tres mil millones de pesos para adjudicarle el contrato de obra de las cárceles de Cómbita (Boyacá) y la de Pereira (Risaralda).
La Fiscalía General tiene como pruebas materiales en este caso, las interceptaciones contra un grupo de funcionarios de la Unidad en las que se evidencia un interés indebido en la entrega de estos contratos que se avalaban por medio del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
En la audiencia de imputación de cargos se reveló que en una de esas conversaciones se hace referencia a la necesidad de, “ubicar personas de su entera confianza en Fonade y de la insistencia de María Cristina Palau Salazar para, presuntamente, quedarse con cargos de importancia y tener pleno conocimiento de los procesos de contratación en esa entidad”.
Por estos hechos de corrupción, la Fiscalía General le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito.
Igualmente son procesados la contratista, Marcela Alies Puentes; el exfuncionario de la Uspec y de Fonade, Juan Carlos Montoya y el exfuncionario de Fonade, Hugo Bula Mercado.
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